11º-23º
jueves | 18 abril | 2024
Francisco Javier Otero García, exdirector de la sucursal de La Caixa en A Pobra, se sentó ayer en el banquillo de los acusados por los supuestos delitos de estafa y falsedad documental y de apropiación indebida que se le atribuyen desde 1999 a 2011, momento en que fue despedido, y por los que el Ministerio Fiscal le pide un total de 12 años, así como una multa de 7.200 euros cada uno de ellos y el reintegro del dinero, por un importe aproximado de 1.897.614 euros del que responde el banco como responsable civil subsidiario. Fue en la primera sesión del juicio que se sigue contra esa persona en la sección sexta de la Audiencia Provincial en Santiago de Compostela, en la que descargó en otros compañeros de dicha oficina y del departamento de banca privada de dicha entidad financiera la responsabilidad de las operaciones que se le atribuyen y por las que está procesado, pues declaró que él nunca vendió productos financieros de riesgo. Precisó que algunos de los documentos le llegaban por valija interna autorizados por la dirección y que él sólo firmaba, puntualizando que no tenía mayor responsabilidad al no conocer las condiciones que implicaban.
Así lo indicó el exdirector de la sucursal pobrense de La Caixa -en la actualidad se denomina Caixabank- en las respuestas a las preguntas que le formuló la Fiscalía durante aproximadamente una hora y cuarto. Reconoció su firma en algunos de los documentos que recibían como garantía los clientes afectados por esta situación, pero añadió que él no los redactaba y que los firmaba por órdenes de los servicios centrales. Una vez acabado este interrogatorio, Francisco Javier Otero García se negó a responder las preguntas de los abogados de las acusaciones particulares, tanto los que representan a los perjudicados como al propio banco. Entre ellas figuraba una relativa a la documentación que la Guardia Civil halló en el sótano de la sucursal de La Caixa en A Pobra y que supuestamente alude a que el único acusado llevaba personalmente una banca paralela en dicha oficina.
El representante de la Fiscalía considera que el exdirector de la sucursal pobrense de La Caixa se aprovechó de la relación de confianza o de parentesco que tenía con una docena de clientes, algunos de ellos de edad muy avanzada, a los que presuntamente ofreció productos inexistentes sin contrapartida contable o bien unas garantías de rendimientos en productos de inversión que carecen de tales coberturas, con el logotipo de la referida entidad bancaria para dar apariencia de documento oficial, pero sin que conste la autorización de La Caixa, y subraya que realizó “tales actos dispositivos en la creencia de los clientes de su validez y eficacia”. El fiscal indicó que, tras ser despedido y apelando a la confianza que tenía con algunos de los denunciantes que se han sentido perjudicados, Francisco Javier Otero acudió a casa de algunos de ellos para pedirles que no fueran a la sucursal y que él se encargaba de resolver los problemas que tuvieran. El objetivo que dice que perseguía era el de apropiarse y beneficiarse personalmente de las cantidades que invertían, sobresaliendo que a un le causó perjuicios por 430.000 y a otro por 424.550 euros.
En relación a una de esas cantidades, Otero García indicó que se empleó para como préstamo a otro cliente, un empresario que dijo atravesaba una situación de morosidad, que le imposibilitaba para pedir un crédito, y que de esa manera regulaba su situación financiera y luego podría devolver el dinero. Añadió que para realizar esa operación contaba con la autorización telefónica de sus superiores. Lo que pasó a partir de ahí fue que esa importante suma de dinero nunca se reembolsó. Una veintena de testigos y 6 peritos declararán en las siguientes sesiones del juicio que continúa hoy y que se prevé se prolongará hasta este viernes.
