A POBRA-El montacargas donde murió una mujer carecía de homologación de seguridad

Después de diez días de largas y profusas investigaciones, agentes del puesto de la Guardia Civil de Boiro imputaron a dos personas, una pobrense de 56 años y un ourensano de 33, como supuestos autores de un homicidio por imprudencia registrado el pasado día 18 en A Pobra cuando una compostelana, María Mercedes Amparo Meijomence Canda, de 81 años, perdió la vida debido a las graves heridas que sufrió tras precipitarse en caída libre la cabina del montacargas que estaba utilizando la octogenaria.
Los hechos tuvieron lugar en un edificio de viviendas del número 17 de Cinco Calles en el que, según la Benemérita, la ahora imputada gestionaba la comunidad de propietarios y, a la vez, era la dueña del piso en el que residía desde comienzos de mes, en régimen de alquiler, la fallecida. Al parecer, se produjo un fallo en el sistema de seguridad, lo que hizo que la cabina del elevador bajase bruscamente hasta impactar con el suelo, una circunstancia que el equipo de investigación del puesto boirense de la Guardia Civil aún trata de aclarar, en función de lo que determinen los informes periciales.
El otro imputado es el responsable de la empresa instaladora del montacargas y la misma persona que, al parecer, hizo alguno de los mantenimientos del elevador. Según apuntan las primeras investigaciones del instituto armado, el aparato carecía de cualquier tipo de homologación tanto de seguridad como montaje. Del mismo modo, la Guardia Civil señala que, a priori, tampoco estaba dado de alta en ningún organismo oficial y, por lo tanto, no sujeto al mantenimiento que dicta la normativa europea de máquinas. Además, los investigadores señalan que el mantenimiento o las revisiones que se le hacían a dicho montacargas lo llevaban a cabo personas que no estaban dadas de alta como autónomos, autorizados y especializados, para llevar a cabo esas tareas tan específicas. Precisamente, según consta en las diligencias policiales, días antes del fatídico accidente, el montacargas tuvo diversos fallos y averías que, en circunstancias normales, habrían aconsejado la inmovilización del mismo. Pero, todo apunta a que las reparaciones se hicieron de forma doméstica por vecinos del edificio y personas ajenas al sector, siempre bajo la supervisión de la imputada.
Los responsables de la investigación creen que la extinta empresa instaladora, Dandy Lift S.L., podría haber montado por toda la comunidad gallega un centenar de elevadores de similares características que el que provocó el fatal accidente mortal. La Benemérita apunta que ahora tendrá que ser la Consellería de Industria la que tome cartas en el asunto para tratar de verificar todos y cada uno de estos aparatos, una vez obtenga el listado de dichas instalaciones, para que cumplan estrictamente la normativa que les es de aplicación e invalidarlos, si fuese el caso. Los hechos ya fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Guardia de Riveira.