Las propietarias de Batudance buscan asesoramiento jurídico para aclarar la situación de su escuela de baile

La sentencia del Juzgado de los Contencioso-Administrativo Número 2 de Santiago que anula la licencia de actividad concedida por el Concello de A Pobra en julio de 2012 a la escuela de baile Batudance en un bajo de la Praza Manuel Escurís, y que obliga a volver a hacer todo el procedimiento si para volver a solicitarla y otorgarla, es muy clara. Sin embargo, desde algunos sectores afectados por dicha resolución judicial tratan de quitarle hierro al asunto, y eso parece que está desconcertando a las verdaderas afectadas por esta situación, que no son otras que las propietarias de dicho negocio, Mónica Sanlés y Patricia Parada. De hecho, después de sentirse engañadas por las explicaciones que les dieron en el Ayuntamiento, en donde les indicaron que todo era mentira y que era suficiente con haber insonorizado tal y como hicieron hace un tiempo, ahora están buscando el asesoramiento de un abogado para saber en qué situación se encuentran.
Según pudo saber este periódico, ambas solicitaron una cita formal con el alcalde para que les explique cual es la realidad y poder obrar en consecuencia, pero lo que no están dispuestas es a que les digan lo mismo que el martes pasado y que todo es falso, pues señalaron que tuvieron conocimiento de la citada sentencia a través de este periódico y comprobaron su veracidad, “algo que desde o Concello pobrense nin tan sequera nos facilitaron, pese a que é a parte denunciada”, dijo una de las dueñas de la escuela de baile Batudance. Esta misma persona indicó que después de la confusión inicial y de la desinformación recibida por parte del Concello, quieren trasladar un mensaje de tranquilidad a sus usuarios o clientes. Añadió que sea de una manera o de otra tratarán de continuar con su actividad, aunque tengan que cambiar de ubicación, aunque saben que sus alumnas están acostumbradas a ir al local de situado en la urbanización Manuel Escurís.
Ambas propietarias son conscientes de que están frente a un papelón y que realizaron una importante inversión para insonorizar el local, algo que el Concello no les exigió en un primer momento al solicitar la licencia de actividad, pues sostenía que la actividad a desarrollar era inocua y no molesta, algo que se ha demostrado que no era así y que, tal y como dice la sentencia, si se quiere volver a funcionar debe “garantizar el cumplimiento y observancia de los parámetros de impacto acústico legalmente tolerables”, además de que se le otorgue la licencia que cumpla los requisitos necesarios.