11º-26º
viernes | 19 abril | 2024
El juez instructor del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, ha citado a declarar en calidad de investigada a la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Bárbera el próximo 21 de noviembre, a las 10.30 horas, por la comisión de un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula, derivada del caso “Imelsa”.
En una providencia hecha pública ayer, Conde-Pumpido cita a Barberá en calidad de investigada para tomarle declaración voluntaria, tal y como establece al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim), que permite al aforado prestar declaración como investigado antes de que se pida el suplicatorio y se le impute formalmente.
El pasado 13 de septiembre la Sala de lo Penal del alto tribunal abrió una investigación sobre estos hechos, siguiendo el criterio del Ministerio Público y designó al que fue fiscal general del Estado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).
En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el Partido Popular como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
Desde Valencia
El Supremo destacó en su resolución que los hechos descritos por el juez de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez –encargado de la investigación y que envió al alto tribunal la parte de la misma que afecta a la senadora el pasado mes de abril– bastan para proceder a la apertura de investigación para determinar si son delictivos.
En el escrito, el magistrado implica a la senadora “popular” por ser “una más de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros”, por lo que están imputados todos los concejales (excepto Eusebio Monzó, actual portavoz), exediles, asesores y exasesores que también realizaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015.
Además, apunta que Barberá era la superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo y que existía una relación personal de “estrecha confianza” entre la aforada y la principal investigada, la exsecretaria del grupo municipal María del Carmen García-Fuster, que gestionaba las cuentas bancarias.
Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado Víctor Gómez ofreció a Barberá la opción de declarar, sin someterse a un interrogatorio. La que fue alcaldesa de Valencia durante más de 20 años presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la Alcaldía, aunque niega que se lo reintegraran.
explicaciones no válidas
Sus explicaciones, señala el instructor, son “insuficientes” para excluir su posible implicación en los hechos investigados.
Tras conocer la apertura de la instrucción, Rita Barberá se dio de baja en el Partido Popular pero no dejó su acta en el Senado, integrándose así en el Grupo Mixto, con el objetivo de mantener su condición de aforada y que sea el Tribunal Supremo quien la investigue.
No obstante, la Cámara Alta definirá el próximo lunes la Diputación Permanente ante una eventual investidura y una posible disolución de las Cortes si ésta vuelve a resultar fallida.
El PP ignoró ayer la decisión del Tribunal Supremo y se limitaron a asegurar que Barberá ya “está fuera” del partido, según fuentes “populares”. Desde la dirección nacional del partido recuerdan que la exregidora de Valencia ya no milita en el PP, del que dio de baja el pasado mes de septiembre a petición, precisamente, de Génova.
