11º-26º
viernes | 19 abril | 2024
El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, se sentará en el banquillo de los acusados por la consulta del 9-N, El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral al exconseller de Presidencia de la Generalitat en relación con la consulta soberanista de 2014 y le juzgará por los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave cometido por autoridad pública al entender que propulsó la consulta pese a ser “plenamente consciente” de su suspensión por parte del Tribunal Constitucional.
El magistrado de la Sala de lo Penal Andrés Palomo del Arco, dictó auto de apertura de juicio oral después de que el pasado 29 de diciembre pusiera fin a la instrucción de la causa abierta contra Homs. En él recoge los hechos incluidos en el informe del fiscal que pide para el actual diputado 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por organizar la consulta desobedeciendo al Tribunal Constitucional.
El magistrado instructor expone que Homs “potenció” el desarrollo del denominado proceso participativo tras haber conocido la suspensión de la consulta adoptada por unanimidad en el Pleno del TC en septiembre de 2014 y precisa que lo hizo “con la conveniente discreción para tratar de generar la apariencia de que las actuaciones administrativas se paralizaban y el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios”, recoge el auto, que se completa con los hechos incluidos en el escrito de conclusiones provisionales del fiscal y los admite como susceptibles de enjuiciamiento debido a su relevancia jurídico-penal, según Palomo del Arco.
participación “crucial”
El Ministerio Público, que ejerce la única acusación en el proceso, pidió sentar en el banquillo al portavoz del Partido Demócrata Europeo Catalán al entender que su participación resultó “crucial” y que puso los servicios jurídicos de su departamento a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI)
El magistrado del alto tribunal considera que con el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau –que serán juzgados por los mismos hechos por el Tribunal Superior de Justicia Cataluña– “articularon de común acuerdo una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada” por el TC.
En concreto le acusa de “legitimar e impulsar” la continuación de los trabajos al comunicar por carta al CTTI que estos no estaban afectados por la providencia del TC y todo pese a que el centro le solicitó información a iniciativa propia sobre la resolución del alto tribunal y cómo proceder en caso de suspensión.
Unos trabajos “esenciales” puesto que fue el CTTI el que encomendó a la empresa T-Systems construir los programas informáticos necesarios para el desarrollo de la votación del 9-N.
