El denunciante del “pelotazo” del campo de golf de Lugo declarará como testigo

El portavoz de Alternativa Cidadá de Esquerdas (ACE) en el Ayuntamiento de Lugo, Carlos Portomeñe, declarará como testigo en el caso que investiga la recalificación de terrenos en Fixós, tras denunciar que era “el mayor pelotazo urbanístico” de la ciudad.

Según un auto dictado por la jueza Pilar de Lara con fecha del cuatro de febrero, Portomeñe prestará declaración el próximo día 10 de febrero a las 10.00 horas en los juzgados de Lugo.

En una rueda de prensa ofrecida el pasado miércoles, el portavoz de ACE expresó sus sospechas sobre que la recalificación de terrenos en Fixós era “el mayor pelotazo urbanístico” de la ciudad.

Recalificación millonaria

“Es imposible recalificar medio millón de metros cuadrados de suelo forestal o agropecuario en urbanizable para chalés sin ser ilegal”, insistió el coordinador de Esquerda Unida en Lugo en relación con la urbanización prevista en las inmediaciones del campo de golf.

A su juicio, esta operación es “el centro” en el que confluyen las operaciones “Carioca”, “Campeón” y “Pokémon”; con el exconcejal del PSdeG Francisco Fernández Liñares y la sociedad Trepia implicadas en todos estos casos.

INVESTIGACIÓN 

Al respecto, el juzgado de instrucción número dos de Lugo emitió una providencia en relación a esos hechos por la que pide al Ayuntamiento de Lugo que identifique a los concejales de Urbanismo entre 2005 y 2010. Se trata de José Ramón Gómez Besteiro, Francisco Fernández Liñares y María Novo, todos ellos bajo mandato del socialista José López Orozco.

Ante ello, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se mostró el pasado jueves “absolutamente tranquilo” ante la investigación judicial sobre estos terrenos situados en las inmediaciones del campo de golf de Lugo, para construir chalés.

Además, Besteiro se remitió a las explicaciones dadas por el Gobierno local, cuyo portavoz, el socialista Miguel Fernández, defendió que “el planeamiento se aprobó en su momento con total transparencia, con rigurosidad” y que “se hizo de forma legal y con el procedimiento correcto”.