Aragunde se enfrenta a una multa de 300 euros por no entregar un expediente a la jueza

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra ha vuelto a requerir al Concello de Cambados que le entregue la documentación relativa al proceso de selección de personal del año 2007. La magistrada le da un plazo de cinco días para que remita esta documentación a la sede judicial y, en caso contrario, otros cinco días para que el alcalde, Luis Aragunde, explique el motivo, pues se enfrenta a una multa de 300,52 euros, por no atender los requerimientos judiciales.
Así figura en la providencia de este juzgado pontevedrés que está tramitando el recurso presentado por el PSOE contra el Concello, al que acusan de no permitirle el acceso al expediente del proceso de selección de personal municipal realizado en 2007 y que finalmente se suspendió sin motivo aparente.
La candidata socialista, Fátima Abal, decidió acudir a la justicia para conseguir acceso, pero tampoco lo ha conseguido de esta manera pues el Ayuntamiento tampoco está respondiendo a los requerimientos judiciales y ahora el regidor municipal se enfrenta incluso a una multa personal de 300 euros, que le será impuesta en caso de desobedecer nuevamente la petición judicial.
Para Abal, “está é a forma de Luis Aragunde de facer política, negar todo tipo de información que se lle solicite desde a oposición ou desde o xulgado”. Es más, asegura que el alcalde “pensa que é intocable” y que creyó que “mareándome e non facendo caso eu me ía desanimar e deixar de pedir o expediente”. La socialista explicó también que, según la ley, de continuar con esta postura, de no entregar la documentación ante la jueza, y una vez que se le hayan impuesto tres multas coercitivas, la autoridad judicial “deberá poñer os feitos en coñecemento do Ministerio Fiscal, sen perxuizo de seguir impoñendo novas multas”.
A este respecto, los socialistas también recordaron otra de las demandas que interpusieron y que se tramita en los juzgados y en las que sucede algo similar. Se trata de la referente al registro de entrada y salida de los trabajadores mediante un sistema de huella digital. En este caso, el responsable de este tema es el teniente de alcalde, Antonio Iglesias, quien también se enfrenta a una multa. El Ayuntamiento explicó al juzgado que no lo envía porque no puede contactar con la empresa encargada desde octubre.