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viernes | 19 abril | 2024
Un informe jurídico externo encargado por el Concello de Sanxenxo sobre la vigencia del convenio PEI-12 en O Revel, fechado el 9 de diciembre, insta al cuatripartito a “suspender el levantamiento de las actas de pago y ocupación en el expediente expropiatorio de las fincas Ameal y Barreiro”. Cabe recordar que ambas parcelas, ahora expropiadas dentro del ámbito de los terrenos donde se proyecta el nuevo colegio, fueron previamente cedidas al Concello de Sanxenxo en el marco del convenio PEI-12, pero este trámite nunca fue escriturado ante notario por lo que esta cesión no se llegó a formalizar.
Esto es precisamente uno de los problemas unido a las actuales normas urbanísticas con las que se encuentra el Concello de Sanxenxo para dar vigencia al convenio. “Solo a partir del momento en que los propietarios de las fincas Ameal y Barreiro otorguen la escritura pública que instrumente la entrega de los inmuebles, se habrá dado total cumplimiento a las obligaciones asumidas en virtud del convenio urbanístico suscrito”, indica el informe jurídico.
Lo contradictorio de esta situación es que ambas fincas se incluyeron en el ámbito de expropiación de O Revel y así quedó patente durante el Pleno del 22 de julio de 2015 donde se procedió a la aprobación definitiva del proyecto de expropiación.
La falta de acuerdo con el precio de esta expropiación llevó a muchos propietarios a acudir al justiprecio. Y es que por ambas fincas se fijó un precio de 106.300 euros, es decir, 42 euros por metros cuadrado. Una cantidad que dista mucho del precio expropiatorio.
Cabe recordar que este convenio ya se encuentra en el juzgado por la reclamación de uno de los propietarios de las parcelas del PEI 12 que ha interpuesto en el juzgado de Pontevedra un contencioso administrativo contra el Concello de Sanxenxo para exigir el cobro de 60.000 euros. La cantidad fue abonada por el ahora demandante en agosto de 2007 como uno de los puntos acordados en el plan de monetarización del convenio en el que se establecía la equivalencia económica de la cesión del 10 % del aprovechamiento urbanístico de la administración.
