El juez impone una fianza de 127.000 euros al expatrón en la causa abierta por un presunto fraude de subvenciones

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados ha emitido una diligencia en la que requiere a los acusados en el procedimiento seguido por un presunto delito de estafa o fraude en subvenciones públicas por el barco auxiliar de la Cofradía, el Tragove, a que abonen una fianza de 127.129 euros. En esta causa están el expatrón mayor, Benito González, y los responsables del astillero donde se construyó, informaron fuentes del caso.
El asunto se dirimirá en los juzgados de lo penal de Pontevedra y el titular del número 2 de Cambados ya ha dictado auto de apertura de juicio oral. Además, ha ordenado la entrega de esa fianza de más de 120.000 euros a los encausados “para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran imponérseles”, según la diligencia de ordenación. Contra esta decisión cabe recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días, a contar desde la notificación a las partes.
Cabe recordar que el pasado mes de diciembre este juzgado dictó un auto en el que pedía al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares –socios de la asociación Agamar– a que formularan sus acusaciones para la apertura del juicio oral.
La causa procede de unas diligencias abiertas con motivo de una querella interpuesta por el Ministerio Público contra el expatrón mayor, Benito González, y responsables del astillero Polináutica por la construcción del barco auxiliar de la Cofradía, por la que se cobraron subvenciones. De hecho, en el auto de diciembre, el juez indicaba que “existen indicios bastantes” en la instrucción del caso como “para concluir que se han obtenido fondos de la Unión Europea falseando las condiciones requeridas para su concesión, aportando una factura proforma que recoge un valor de venta de un buque que no se corresponde con la realidad, mucho más elevada del verdadero valor del buque”.  Es más, exponía que esta conducta “se llevó a cabo conscientemente y con la intención de defraudar al presupuesto comunitario” por González “en cooperación necesaria” con los responsables del astillero, al considerar que eran conocedores de que el valor del barco era inferior al facturado –asunto por el que la Xunta pide que se devuelva parte de la subvención– y que con la factura se iba a pedir una ayuda que cubriese la práctica totalidad del precio, quedando lo demás “en su beneficio propio”. De hecho, se dirime si los hechos pueden constituir un delito de fraude de subvenciones o uno de estafa. El asunto se juzgará en los juzgados de lo penal.