10º-17º
jueves | 25 abril | 2024
La trama de corrupción urbanística denunciada en Sanxenxo, y que se saldó con una veintena de imputados entre políticos y técnicos, va adelgazando a medida que avanza la investigación judicial. Pese a que la instrucción continúa en los juzgados de Cambados, el titular de la sala número 2 ha acordado el sobreseimiento de la pieza correspondiente a la licencia del edificio Progreso y que implicaba de forma directa a la exalcaldesa, Catalina González, y a la actual directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, por aquel entonces responsable de la Xerencia de Urbanismo.
La denuncia de un particular sobre la concesión de la licencia de primera ocupación de este inmueble motivó la apertura de esta investigación que ha salpicado de forma directa a la gestión urbanística en Sanxenxo.
En el escrito, el juez Juan Manuel Hermo Costoya advierte de que dos técnicos emitieron informes con reservas, pese a lo cual el arquitecto municipal hizo una propuesta favorable que sirvió de base para que la presidenta de la Xerencia de Urbanismo concediese la licencia de primera ocupación.
En este punto, el magistrado es contundente en su auto al remarcar que “en este caso estaríamos ante una actuación administrativa ciertamente llamativa, pues pendiente de una resolución judicial sobre la licencia concedida, se aceleran todos los trámites administrativos para otorgar la licencia”.
También resalta que el mismo día de la firma de la concesión de la licencia “se presenta toda la documentación requerida, se visan los proyectos aportados en su respectivo colegio profesional, se emite informe técnico y jurídico”.
En el auto también se especifica que Catalina González el día que firmó la licencia de primera ocupación a pesar de que conocía una sentencia del Contencioso Administrativo que anulaba la construcción de uno de los bloques del edificio de la calle Progreso.
Por esta razón, el juez ve que su actuación “es criticable desde el punto de vista del correcto getor público” e incluso llega a decir que su actitud fue “temeraria al conceder un permiso de primera ocupación para una edificación cuya licencia de construcción había sido declarada nula, aunque no de manera firme”.
Asimismo, narra que todo esto afecta de forma directa al Concello de Sanxenxo y a sus ciudadanos, debido a la orden de derribo del bloque de viviendas.
Para el juez, en este procedimiento “no se dictó una resolución que implique contradicción con el ordenamiento tan patente, grosera y esperpéntica, que pueda ser apreciada por cualquiera, no bastando la mera ilegalidad producto de la interpretación errónea, equivocada o discutible, como señala la Audiencia Provincial”.
Por todas estas razones concluye que “no existen indicios de que estas resoluciones citadas se hayan llevado a cabo por la influencia de un particular o funcionario público en quienes las otorgaron, por lo que no cabe hablar de tráfico de influencias destinado a beneficiar a los promotores con este proceder administrativo”.
El instructor entiende, por tanto, que “procede acordar el sobreseimiento provisional y archivo de esta causa”, puesto que tampoco observa que se haya producido un delito de prevaricación en la concesión de la licencia al edificio Progreso.
