CAMBADOS - Louzán niega vínculos políticos en el alquiler de unos locales de su propiedad en Vigo

El titular del Juzgado número 2 de Cambados acordó ayer dar continuidad a la causa seguida por la Ley del Jurado contra el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, su esposa, y el diputado provincial Severino Reguera, por el alquiler de unos bajos comerciales en Vigo a la empresa de este último, Bruno Pan, imputándoles sendos delitos de cohecho, en los términos de la querella del Fiscal. Además ordenó la práctica de medios de prueba como conocer las retribuciones de Reguera en la institución provincial o que presten declaración terceros, como solicitaron las dos partes.

Louzán llegó a los juzgados sobre las cinco de la tarde con su abogado y sin su mujer, Teresa Cores, –a la que no se le vio entrar por la puerta principal, aunque sí se personó– y poco después lo hacía el diputado Severino Reguera con su letrado. Los tres se acogieron a su derecho a no declarar, como hicieron anteriormente en Fiscalía y aunque el presidente había manifestado su deseo de explicarse. Sí respondió a las preguntas de los medios, antes de entrar y a la salida, para insistir en que se trata de una cuestión de su ámbito privado sin relación con su cargo provincial. “Non fixen nada por darlle un cargo –a Reguera–. Nas miñas atribucións está nomear membros das xuntas de goberno, vicepresidentes e deputados con dedicación exclusiva e non é nada de isto, é un simple diputado”, declaró. De hecho, confía en que la causa se acabará archivando porque “non hai ningunha dúbida do meu bo proceder”, aunque expresó su “absoluta” disposición a colaborar con la justicia.  

Durante dos horas, el juez, Juan Manuel Hermo, escuchó al fiscal de delitos económicos de Pontevedra, Augusto Santaló, y las alegaciones de las defensas de Reguera y el matrimonio, y finalmente acordó dar continuidad al caso, imputando judicialmente a los tres acusados por un delito de cohecho, cometido presuntamente en el alquiler de unos locales propiedad de la pareja, ubicados en el barrio vigués de Navia, a la empresa propiedad del diputado.

Petición de pruebas

A la salida, Santaló lamentaba la postura de los implicados que, aún así pueden prestar declaración en sede judicial más adelante si así lo desean. Explicó que no solo se trata de despejar dudas sobre “si existió un sobrecoste” en el alquiler de los bajos. “La primera cuestión que queríamos resolver con el interrogatorio es saber porqué si Bruno Pan quería comprar estos locales, porqué lo compraron unos particulares y la sociedad paga unos alquileres que son al menos iguales o superiores a lo que pagaría de crédito hipotecario”. La atribución de comisiones informativas  del diputado, las formas de pago o las fianzas eran otros detalles que el fiscal esperaba poder extraer de las declaraciones de los tres.

El titular del número dos también abrió diligencias para la presentación de diversas pruebas por ambas partes. El fiscal solicitó información sobre la totalidad de retribuciones de Reguera como diputado, así como la declaración de su cuñada y de responsables de la inmobiliaria que vendió los bajos comerciales al matrimonio. Por su parte, la defensa de Louzán y su mujer pidió la comparecencia de varios responsables de agencias inmobiliarias con el fin de demostrar que los alquileres son los habituales en esa zona. El abogado de Severino Reguera no solicitó nada.

Plazos

Santaló calcula que la recopilación de toda esta documentación puede tardar un mes, aproximadamente. Después el juez hará su valoración y decidirá si se archiva la causa o se procede a la apertura del juicio que sería con un jurado popular, debido al tipo de delito.