10º-22º
miércoles | 24 abril | 2024
La alcaldesa de Sanxenxo solicitó a finales del mes de septiembre el sobreseimiento definitivo o libre del procesamiento judicial por tres expedientes urbanísticos ante la falta absoluta de tipicidad del hecho y de su responsabilidad penal que, a su entender, queda constatada sin duda alguna como resultado de la instrucción del proceso.
Catalina González alegó ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Cambados que no ha existido conducta irregular alguna, sino que su intervención fue la propia de la ordinaria actuación administrativa que tenía encomendada como presidenta de la extinta Xerencia Municipal de Urbanismo. La regidora local argumentó también que nunca se ha guiado por un propósito de actuación al margen de la regularidad y legalidad que deben regir sus actos, ni obró con otra finalidad distinta al cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su competencia.
Concretamente, González Bea pidió que se ponga término a las diligencias previas, se decrete el sobreseimiento y se archiven las actuaciones relativas a las licencias de construcción de viviendas unifamiliares en A Torre (Dorrón) concedidas a Ferro Mesego, C.B. y a Promociones Inmobiliarias Lucasor, S.L.; a una edificación promovida por Balboa y Chan en la calle Progreso, en la villa de Sanxenxo; y a la autorización municipal de primera ocupación de las viviendas realizadas por Caneleiro Inversiones S.L. en Bascuas.
La alcaldesa reconoció que este asunto “resulta muy doloroso para mí y para mi familia” por lo que espera que se resuelva lo antes posible. Eso sí, Catalina González entiende que es necesario “investigar siempre cuando se presenta la más mínima duda, pero para los que no nos sentimos culpables de nada estos procesos resultan excesivamente largos”.
En relación con estos tres expedientes la alcaldesa se enfrenta a delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Por ellos tuvo ya que declarar ante el juez instructor de esta investigación urbanística, ante quien insistió en que en todos los casos actuó “conforme a la ley” y atendiendo a los informes técnicos.
