El Concello permitirá entrar al local social del aeródromo a pesar de estar precintado

A las diez de la mañana de ayer el inspector jefe de la Policía Local de Caldas y dos agentes municipales se desplazaron al aeródromo ilegal de Godos para precintar las instalaciones, construidas sin licencia. Colocaron dos precintos en la ventana y en la puerta del local social, en presencia de uno de los hijos del promotor de la pista de vuelo (el fallecido José Manuel Campañó Luna), su esposa y un menor.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) prohibió en febrero los aterrizajes y despegues de aeronaves en la pista. Con anterioridad, en diciembre de 2013, el Concello había ordenado la paralización inmediata de las obras y del uso de las instalaciones por carecer de las correspondientes licencias urbanísticas. En abril de 2014, tras varias denuncias de Esquerda Unida, una nueva resolución impedía “calquera uso da instalación, incluída a práctica de aeromodelismo, en tanto non esté regularizada a súa situación urbanística”.
La Policía Local comprobó semanas después que seguía haciéndose uso de las instalaciones. En concreto, los agentes observaron que “doce persoas facían uso do local habilitado como sede social”. Ese es el argumento que esgrime el decreto de Alcaldía del pasado 12 de junio para ordenar el precinto. Sin embargo, y por contradictorio que parezca, se va a seguir permitiendo el acceso a ese local social. Lo confirma el propio alcalde, Juan Manuel Rey: “Permítese a entrada no local para recoller notificacións e correos que lles seguirán chegando alí” porque “non puideron cambiar a sede social” y, por lo que parece, tampoco colocar un buzón. Añade el primer edil que el precinto “colocouse de tal forma que non haxa que rompelo” para entrar a este local, lo que de por sí contraviene la definición y el objetivo de cualquier precinto, además de resultar imposible controlar el tipo de actividades que puedan estar desarrollándose en el interior de la sede. Eso sí, el decreto del mes de junio advierte expresamente a los titulares del aeródromo que, si vuelven a hacer uso de las instalaciones sin autorización, los hechos se pondrán en conocimiento de los tribunales de justicia para que determinen las responsabilidades penales por un presunto delito de desobediencia a la autoridad municipal, sin perjuicio, “das correspondentes sancións administrativas”.
La Policía Local será la encargada de “vigilar periódicamente” que no haya actividad y que no se vulnere el precinto.