Conflictos judiciales dejan en el aire un agujero de más de cinco millones de euros en las arcas de Ravella

La gestión económica ha sido el motor del mandato del bipartito de Tomás Fole, que durante sus dos años y medio iniciales limitó al máximo las obras e inversiones en base a un saneamiento necesario, aseguraron, por un agujero millonario en las arcas municipales.
Sin embargo, la teoría de la historia cíclica podría aplicarse en Vilagarcía de Arousa, que podría iniciar el mandato 2015- 2019 con la misma “cantinela”.
Y es que conflictos judiciales sin resolver dejan en el aire un agujero de más de seis millones de euros en las arcas municipales. Luz Salgada o el contencioso con la concesionaria Placomsa por el Balneario de A Compostela llevan años marcando la vida municipal y parece que lo seguirán haciendo en la próxima legislatura.
La contención del bipartito no ha sido suficiente para frenar una amenaza económica que de materializarse podría prácticamente anular la gestión realizada por el gobierno local y promovida por el concejal titular de Facenda, José Manuel Pardal y, con ello, los esfuerzos realizados por todos los vilagarcianos que pagaron de sus bolsillos un incremento presupuestario que fue la base del saneamiento de las arcas  de Ravella.
Cabe recordar también que se trata, la mayoría, de asuntos heredados de gobiernos anteriores y que, probablemente, se resolverán aún en próximas legislaturas.

audiencia nacional
El más engorroso, por la cantidad que supone, es el del crédito Luz Salgada. La última noticia en este sentido se produjo en el mes de junio y no fue muy buena para el Concello. Y es que la Audiencia Nacional emitió una sentencia judicial por la que decidió desestimar el recurso contencioso administrativo presentado por el gobierno local con el objetivo de sortear la resolución de marzo de 2013 que les obligaba a devolver parte del crédito (3.158.215 euros) y los intereses generados a lo largo de este tiempo, que por entonces sumaban ya más de un millón.
El propio alcalde, Tomás Fole, aseguraba al día siguiente de conocerse la sentencia que la intención del gobierno municipal es la de continuar con la vía judicial, aún a sabiendas de que los intereses siguen corriendo, riesgo que el regidor conservador dijo “asumir”.
La sentencia de la Audiencia Nacional, que ratifica todos los fallos emitidos hasta el momento en esta cuestión y que han sido desfavorables a Ravella, castigaba duramente el hecho de que el Concello de Vilagarcía no cumpliese los plazos exigidos por el Estado a la hora de ejecutar un crédito que rozaba los seis millones de euros.
Una cantidad menor, pero también importante, es la que se  “juega” en el conflicto del Balneario de A Compostela. Tras décadas de litigio por el rescate de la concesión, un fallo firme del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia otorga a Ravella la posibilidad de tomar las riendas del inmueble pero reconoce el derecho de Placomsa a recibir una indemnización por la inejecución de una sentencia anterior, también irrecurrible,  en la que se obligaba a la administración local a poner a disposición de la empresa y en las mismas condiciones en las que se encontraba antes del pleito, el emblemático inmueble situado a pie de playa.

continuación
Un fallo imposible de cumplir tras la reforma ejecutada en la anterior legislatura para convertir el Balneario en una escuela de formación hostelera. Ahora el conflicto se resuelve en el Contencioso, que determinará las indemnizaciones que corresponde, aunque ya ha trascendido que una de las partes, que actúa al margen de la mayoría de los socios, solicitó una cifra que ronda el millón de euros.
Así las cosas, con ya más de cinco millones de euros de las arcas municipales con un futuro pendiente de definir. En este “saco” también se podría meter la paga extraordinaria de 2012 de los funcionarios de Ravella, que no se abonó. Una sentencia ya dio la razón al personal laboral, que sin embargo todavía sigue pendiente de cobrar la deuda que supone, en términos globales, unos 100.000 euros.
Si el resultado es el mismo en el caso del funcionario, y no hay indicios para pensar lo contrario, la suma podría ascender a 300.000 euros. Todas estas cuestiones ya fueron advertidas por los técnicos en reiterados informes económicos. La probabilidad es que la pelota caiga en el tejado del gobierno que las urnas elijan en mayo de 2015.  n