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sábado | 20 abril | 2024
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, APLU, constató la demolición voluntaria de tres edificaciones en suelo rústico de protección ordinaria, una en el municipio de Sanxenxo y dos en O Grove, que representaban un delito urbanístico, al ser un uso residencial no permitido en este tipo de suelo sin las correspondientes autorizaciones.
La del Concello de Sanxenxo fue detectada en el lugar de Major, fue demolida en enero de este año y se trataba de una vivienda. En el caso de O Grove, la demolición afectó a dos viviendas prefabricadas y dos construcciones de obra para usos residenciales, en el lugar de Carrascales, Balea.
Desde la APLU señalan que este tipo de actitudes demuestran que cada vez más la sociedad es consciente de la necesidad de proteger y cuidar el territorio gallego frente a los delitos urbanísticos, asumiendo la parte de responsabilidad y de colaboración de esta labor de protección que, cada vez más, está presente en la conciencia de los gallegos.
Uno de los objetivos de este organismo es contribuir a ordenar y proteger el territorio gallego, crear una conciencia social de acatamiento normativo y de respeto por la naturaleza y el cuidado del medio.
Desde la APLU recuerdan que su función no es recaudatoria, sino que pretenden restaurar “a orde física vulnerada coa reposición do terreo ao estado anterior á actuación ilegal”.
Otro de los objetivos que mantiene la APLU en su plan de actuación para este año es la incoación de expedientes de las obras que se encuentren en ejecución, con independencia de la fecha de la denuncia, de forma que se paralizan las obras. Para hacer más fluida la relación con los concellos adheridos, la APLU se fija un límite de un mes para contestar aquellas consultas, a excepción de que requieran la emisión de informes específicos, que los municipios transmitan a la APLU en relación con la disciplina urbanística, competencia de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
Recuerdan que los objetivos principales son evitar que se lleven a cabo obras, instalaciones y usos que contravengan la normativa urbanística y colaborar activamente con los concellos de Galicia en el objetivo común de velar por el cumplimiento de la normativa y del planeamiento urbanístico.
Y destacan que cada año que pasa la colaboración ciudadana se va incrementando y prueba de ello son los datos: de las 129 demoliciones realizadas en 2014 tan solo una fue ejecutada por la APLU.
