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sábado | 20 abril | 2024
La Xunta realizará las obras de la segunda fase de la canalización del río que atraviesa un garaje en Rodrigo de Mendoza y le pasará la factura a la promotora del edificio, Vicando, que se niega a cumplir con la orden de Augas de Galicia.
El organismo autonómico dio un plazo de treinta días a la promotora para que realizase las obras. La primera y la tercera fase de las obras corresponden a la Xunta y al Concello pero, mediante un convenio, se estipuló que sería la empresa la que se encargaría de la segunda.
Sin embargo, Vicando mostró siempre su rechazo a esta orden, que se negó a cumplir. A principios de abril el ejecutivo autonómico daba un ultimátum: La promotora contaba con un plazo de treinta días para realizar los trabajos. De no ser así, Augas de Galicia asumiría las obras.
Inicio de la tramitación
El plazo ya pasó sin que la empresa diese señales de iniciar las obras requeridas por el organismo autonómico. Ante esta situación, y para solucionar un problema que los vecinos llevan años soportando, Augas de Galicia emitió una nueva resolución en la que acuerda la ejecución subsidiaria de la segunda fase.
La entidad dependiente de la Consellería de Medio Ambiente comenzará a partir de ahora la tramitación de esta actuación, cuyos costes serán cargados a la constructora del edificio cuyo garaje está atravesado por un río.
Un riesgo y un problema
La intención de la Xunta de Galicia es que las obras puedan comenzar este mismo verano, para dar salida a un grave problema. La Comunidad de Vecinos del edificio de Rodrigo de Mendoza afectado lleva casi dos décadas luchando contra las administraciones para que busquen una solución. Además de los riesgos que conlleva tener un río en los sótanos del inmueble, la situación también provoca incidencias, como humedades o incluso inundaciones en las épocas de más precipitaciones.
Los vecinos tuvieron hace unos meses una reunión con el alcalde para pedirle que mediase en el conflicto e intercediese ante la Xunta para agilizar los trámites. El gobierno autonómico se compromete ahora a que en unos meses estará lista la segunda fase de la actuación, ya que la primera y la tercera fueron hechas por la administración pública.
A lo largo de estos años de conflicto, la Xunta incluso llegó a plantearse la demolición del edificio, pero finalmente optó por la solución de las obras de canalización. Tras el retraso de la segunda fase de las obras se encuentra el conflicto judicial entre la promotora y la administración. El TSXG falló en enero de 2015 a favor de Vicando en un proceso en el que reconocía que la constructora no estaba obligada a ejecutar el proyecto elaborado por la Xunta y obligaba a retrotaer el proceso hasta 2011, es decir, al momento de legalización de las obras.
La administración autonómica comenzó un nuevo procedimiento al que Vicando presentó alegaciones. La empresa se niega a continuar con los planes autonómicos alegando que los hechos siguen dirimiéndose en los tribunales. La Xunta da un nuevo paso asumiendo la ejecución de las obras, pero no su financiación.
