La manifestación acogió a afectados de diversos puntos de Galicia que alzaron su voz al grito de “manos arriba, esto es un atraco”, frente a la sede de la empresa Seiseme en Catoira, buscando así una actuación inmediata por parte de la justicia que les permita recuperar el dinero que según los afectados, les fue robado por el gerente de la empresa, Juan Iglesias Rodríguez. Éste está denunciado como presunto autor de estafa y apropiación indebida, por supuestos cobros por casas que no construyó, según fuentes letradas, judiciales y de afectados.“Sabemos que a xustiza é lenta, pero tampouco é xustiza a que non toma ningunha decisión”, afirmó una de las portavoces de los afectados, que estuvieron acompañados por decenas de vecinos que les dieron su apoyo en todo momento.
Asimismo, sostienen que el presunto estafador no se presentó esta semana ante los juzgados de Vilagarcía, donde tiene interpuestas la mayoría de demandas. Armados con pancartas y megáfonos entonaron una y otra vez el grito “cobarde” o “da la cara, queremos nuestras casas”, mientras se dirigían hasta la sede, que estaba cerrada.
Por esto, piden el cumplimiento de sus contratos, aunque, el portavoz de los compradores, Modesto González, afirma que “sabemos que la construcción de las casas que era nuestra ilusión es imposible, porque la constructora no tiene los terrenos, por lo que exigimos que nos reintegren las cantidades entregadas”.
Además, sostuvo que se llevarán a cabo nuevas medidas de presión como concentraciones ante los tribunales donde se han presentado denuncias. A mediados de este mes, solicitaban que se le retirara el pasaporte, se dictara prisión provisional y se estableciera una fianza “no inferior a 800.000 euros, decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir las responsabilidades”.
La indignación de los afectados y de los vecinos se hace patente, ya que reiteran que se debe hacer justicia para que “este hombre no siga operando, pues ahora sigue vendiendo y sigue estafando a la gente”, afirmó González.
Modo de actuar > Según el abogado Carlos Hermelo, de Cangas, representa a más de treinta afectados, la forma de actuar de la promotora es similar en todos los municipios, ya que, supuestamente, ofrecía viviendas unifamiliares de al menos 90 metros cuadrados, con parcelas de unos 400 metros a un precio final de 144.000 euros, como mínimo.
Éstos confían en que las medidas cautelares se apliquen por parte del juzgado, ya que en la supuesta estafa no sólo se encuentran clientes que no recibieron sus casas, sino también proveedores que, según denuncian, nunca cobraron los trabajos que hicieron.
