Para combatir sus efectos, otra representante del colectivo de víctimas, la directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme), Mar Cogollos, reclama un teléfono desde el que se atienda y guíe a los accidentados en los pasos que han de seguir tras un siniestro.

Al otro lado de esa línea debería haber, añade, un asistente social, un abogado y un psicólogo que “ubiquen” a las víctimas o a sus familiares porque “en ese momento hay mucho sufrimiento y mucho desconocimiento”, dice.

Un número corto, de tres cifras, fácil de aprender, al que los heridos o los familiares de las víctimas mortales se puedan dirigir, como lo hacen las mujeres que sufren la violencia machista con el 016 o los ciudadanos que sufren una emergencia al marcar el 112.

Ana María Campo coincide con Cogollos en la falta de asistencia e información que sufren las víctimas de tráfico, pero aboga por paliarla con oficinas de atención especializada, que se podrían ubicar en hospitales, juzgados o ayuntamientos.

“En el momento en que una persona muere o sufre un accidente de tráfico empieza un calvario y los familiares, los padres, no están en condiciones de asumir papeles, firmas, jueces, etc”, afirma Campo, que en un acto que se celebrará hoy en Madrid exigirá también que las aseguradoras mejoren las indemnizaciones a familiares y víctimas. “Un muerto vale aquí una décima parte de lo que vale en Austria o en Alemania ¿Por qué?”, se pregunta Campo, consciente, no obstante, de que ya está en marcha la revisión del baremo de las indemnizaciones de las víctimas de tráfico.