El presidente de la Federación Gallega de la Construcción, Eligio Nieto, destacó la “coordialidad” del encuentro, pero puso en duda de que la Xunta pueda adjudicar este año los 1.500 millones de euros de obra pública a los que se comprometió en el plan de dinamización presentado el pasado enero.Eligio Nieto precisó que el Ejecutivo autonómico licitó en lo que va de ejercicio 775 millones, pero sólo adjudicó 450, “menos de la tercera parte del objetivo para todo el año”, y advirtió de que “sólo quedarán cuatro meses para cumplirlo”, pues “en agosto está todo parado”.
No obstante, subrayó que Touriño les manifestó que hará “todo lo posible” para responder a este compromiso y los constructores le demandaron “agilidad”, pues consideran que al ritmo actual no se cumplirán las expectativas y recordaron que “está aumentando mucho el paro” en un sector del que dependen “de manera directa 160.000 personas” en Galicia.
Nieto también alertó de la “inseguridad jurídica” que provocan los continuos cambios normativos en materia urbanística, pues recordó que la gran mayoría de los 315 ayuntamientos gallegos “no tiene aprobado su plan general” y las normas subsidiarias en vigor en casos colisionan con la reciente modificación de la Lei do Solo.
Tiempo perdido > Por su parte, el presidente de la Federación de Promotores de Galicia (Feproga), Javier Garrido, resaltó que el sector sale de este encuentro “con la sensación del comienzo de algo”, pero alertó de que “ya se ha perdido demasiado tiempo”.
Por ello, solicitaron a Touriño que “se apruebe lo antes posible” el plan del litoral, que pondría fin a la prohibición cautelar de hasta dos años de nuevas construcción a menos de 500 metros de la costa, que concluirá como muy tarde en mayo de 2009. Según Garrido, Touriño se comprometió a agilizarlo, pero no concretó fechas.
Los promotores también solicitaron que las directrices de ordenación del territorio (DOT) “no tengan la posibilidad de ser interpretados”, pues ello conllevaría “un riesgo de paralización”.
Igualmente le demandaron “presión” ante las entidades financieras para poder contar con financiación en una coyuntura con problemas de liquidez y la necesidad de relacionar el plan sectorial de vivienda con el registro de demandantes y los planes generales para adaptar “el número de viviendas protegidas a las que realmente se necesiten”.
Constructores y promotores también valoraron el anuncio de Touriño de la constitución de un observatorio en septiembre para seguir la evolución del mercado inmobiliario, pero coincidieron en que después del verano el Gobierno deberá ser más concreto, tras haber analizado las demandas entregadas por estos sectores.
