El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto en virtud del cual trasnfiere a Galicia las competencias para homologar y convalidar los títulos y estudios extranjeros en enseñanzas no universitarias. El traspaso tiene un coste efectivo de más de 10.761 euros y entrará en vigor el 1 de enero.La ampliación de funciones a la Xunta en materia de educación es consecuencia del acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta de Transferencias del Estado y la comunidad gallega en la reunión del 23 de junio de 2008.
Estas homologaciones se realizarán de acuerdo con las tablas de equivalencia vigentes en cada momento o, en su caso, con los criterios generales y tablas de correspondencia elaboradas por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.
La Xunta dictará la resolución de homologación o convalidación del título extranjero no universitario y emitirá la credencial correspondiente, que tendrá efectos en todo el territorio nacional.
Con este traspaso se completan los acuerdos alcanzados por la Comisión Mixta de Transferencias del día 23 de junio, donde se aprobó el traspaso del Parque Nacional de las Illas Atlánticas, del personal civil del Hospital de la Defensa de Ferrol y la potestad para declarar la utilidad pública de las asociaciones y federaciones que trabajen en Galicia. Estos traspasos se han hecho ya efectivos mediante la aprobación de los correspondientes reales decretos en el Consejo de Ministros del pasado día 27 de junio.
Incompetencia > El Consello da Xunta aprobó ayer interponer un requerimiento de incompetencia contra una orden de subvenciones del 20 de mayo dirigida a la promoción de destinos turísticos y promovida por la Secretaría de Estado del ramo, que depende del Ministerio de Industria. Con éste, ya son cinco los conflictos competenciales interpuestos por el Ejecutivo gallego al central en tres años.
El Gobierno gallego entiende que la resolución mencionada vulnera el reparto competencial establecido por la Constitución y el Estatuto, debido a que la Administración estatal convoca una orden de subvenciones en una materia que es competencia exclusiva de la comunidad.
Según denuncia el Ejecutivo autonómico, la resolución del Estado regula las condiciones y el proceso de concesión de las ayudas sin que exista previsión de intervención autonómica en todo el articulado.