Un gran número de países rechazó también que la norma imponga un objetivo obligatorio de inspecciones en al menos el 5% de las empresas para detectar la presencia de irregulares y subrayaron que lo importante no es el número sino la calidad de la inspección.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se situó en el bando de los Estados miembros que apoyaron sin fisuras la norma, al igual que el resto de países del sur de la UE que reciben más presión migratoria. “Siempre he creído que el culpable de la inmigración ilegal es el que la explota, y por lo tanto creo que esta propuesta va en la dirección adecuada de sancionar a aquel que se aprovecha de las condiciones humanas de un inmigrante que va a otro país irregularmente”, dijo Corbacho.

Señaló que España deberá modificar su legislación cuando trasponga la directiva porque en la actualidad el Código Penal no prevé que las sanciones penales puedan aplicarse a personas jurídicas, como una empresa, sino únicamente a personas físicas. “Es voluntad de España trabajar en esa dirección para hacerlo posible”, señaló.

También respaldó que se marque un objetivo mínimo de inspecciones porque “no hay una garantía de una inmigración regular y legal si no hay inspección”, finalizó su intervención el ministro de Trabajo.