En esa primera ocasión, el Gobierno indicó que otorgar la prestación a las parejas formadas por un hombre español y una mujer extranjera que no haya alcanzado los dos años de residencia supondría “un aumento de los presupuestos” y una “disminución de los ingresos” del Estado.“Con la ampliación de la medida, se ampliaría el colectivo de beneficiarios de la norma y, por tanto, aumentarían los créditos presupuestarios necesarios para el abono de la prestación económica, con la consiguiente disminución de ingresos por parte de la Hacienda Pública”, señalaba el escrito.
ICV registró un segundo texto y el Gobierno reiteró que no da su conformidad para que se tramite la iniciativa y “reitera los motivos en su momento alegados”. Como novedad, ICV pedía en esta segunda ocasión que el dinero para pagar esta prestación saliera de los fondos destinados a la deducción de los 400 euros que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió a los trabajadores durante la última campaña electoral,
Joan Herrera denunció que la postura del Gobierno es “gravísima” porque “está negando la posibilidad de discutir una propuesta”, lo que supone “no aceptar las reglas del juego democrático”. “La decisión que han tomado es más que discutible desde el punto de vista moral”, aseveró.
Además, aseguró que la propuesta “no tiene un coste extraordinario y es una reivindicación de miles de personas”. La ley establece que los beneficiarios del cheque-bebé son las madres que han tenido o adoptado un hijo en España y llevan al menos dos años residiendo en este país antes de tener al niño. Así, las parejas formadas por un padre extranjero y una madre española tienen derecho a esta subvención.
En el caso de las parejas homosexuales, se da la opción de elegir libremente cuál de los dos quiere ser el beneficiario de esta subvención. ICV solicitaba que en los casos en los que la madre no cumpliera con el requisito de los dos años de residencia, se diese la ayuda al padre.
