Se lamentaba no hace mucho tiempo el pensador y ex presidente checo Vaclav Havel de que los europeos estuviéramos construyendo “la primera civilización atea en la historia de la humanidad”. Pero en esas andamos, con más empuje que nadie, en este país nuestro. No hay ocasión, por nimia que parezca, que no sea aprovechada por buena parte de las fuerzas políticas y mediáticas para insistir en la ofensiva. Se les llena a todos la boca con la aconfesionalidad del Estado, principio que invocan no pocas veces como coartada más que como argumento oportuno. Pero no nos dejemos engañar: la pretendida neutralidad de nuestros laicistas resulta ser a la hora de la verdad un puro y simple propósito de excluir y silenciar el hecho religioso.
El último episodio de esta refriega ha sido la sentencia de un juez de Valladolid, según el cual la presencia del crucifijo en las aulas conculcaría derechos fundamentales. No creo, sin embargo, que un Estado aconfesional como es el nuestro padezca lo más mínimo con la presencia de los símbolos religiosos -el crucifijo y otros- en la vida pública. Ni que el opcional y voluntario mantenimiento de éstos implique una beligerancia de todo un Estado a favor de un determinado credo. Ni que signifique discriminar o menospreciar a nadie.
Sólo quien opera desde prejuicios ideológicos puede verlo de otra manera. Pero así las cosas, lo que nuestros laicistas no terminan de asimilar es la realidad de que muchos de los factores que vienen a ser el resorte vital de esta civilización son de origen cristiano; que, guste o no guste, el cristianismo ha sido desde tiempo inmemorial el modo de estar asentados en la realidad el ciudadano europeo y el ciudadano español.
Quienes, como nuestros laicistas, entienden de forma excluyente la aconfesionalidad están suponiendo que el Estado es algo que viene como prefabricado, de no se sabe qué laboratorios ideológicos, independiente de la sociedad. Pero se trata de justamente lo contrario: es el Estado el que nace, emana, de la sociedad y el que tiene que estar al servicio de los ciudadanos.
No debería haber, pues, razón alguna para que esa arraigada e indiscutible realidad cristiana -personal y social- nuestra no se pueda reflejar con sus símbolos en la vida pública. Y máxime cuando tales símbolos no imponen nada a terceros, ni obligan a nada, ni excluyen a nadie, ni extorsionan a nadie, ni ofenden a nadie. Salvo que alguno -claro- quiera autosentirse ofendido.
