Villarino explicó que su función, una vez disuelta la Cámara gallega tras la firma ayer del decreto de convocatoria de elecciones, se centrará, además de en presidir la Diputación Permanente, en facilitar “todo el trabajo que tiene que ver con las elecciones”, ya que la sede de la secretaría de la Junta Electoral Central por primera vez estará en el propio Parlamento. “No habrá una sede desplazada en A Coruña como se hacía antes. Nos pareció que no tenía mucho sentido que funcionarios del Parlamento tuvieran que trasladarse todos los días y montar una oficina cuando aquí hay espacio de sobra”, aseveró y agregó que podrán a disposición del proceso electoral “lo mejor de la casa” con el objetivo de que “todo funcione bien” y que la Junta Electoral “tenga la mayor colaboración y el máximo nivel”.
Asimismo, la presidenta de la Cámara realizó un “balance positivo” de la legislatura recién concluida. “No es una valoración subjetiva, sino objetiva, que se puede medir en la calidad y cantidad del trabajo parlamentario”, aclaró.
Así, resaltó que registró el “máximo nivel y máxima actividad” en control al Gobierno, con “unas 170 preguntas contestadas en tres años y medio” por el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, frente a unas 50 respondidas por el anterior mandatario, el popular Manuel Fraga, “en 16 años”.
En cuanto al trabajo legislativo, apuntó que en este periodo de sesiones se aprobaron “más leyes que en ningún otro”, con un total de 53, con “un nivel de consenso insólito en la historia de la autonomía de Galicia”, ya que 22 de ellas fueron aprobadas por unanimidad. “Los diputados trabajaron mucho y el balance es positivo”, apostilló.
Preguntada por la reforma del voto emigrante, Villarino subrayó que no comparte “las prisas” en este sentido. “Soy partidaria de que, si hay derechos reconocidos que, antes de limitar alguno a los ciudadanos, hay que hacerlo no al calor de un hecho concreto, sino meditadamente y por consenso”, sostuvo, al tiempo que insistió en que “antes de tocar cualquier cosa que tenga que ver con la emigración, se intente acercar el máximo”.
En cuanto a la opción de crear una circunscripción propia para la diáspora, indicó que no tiene “una opinión formada”. “Pero creo que los emigrantes deben tener una posibilidad de opinar, de votar, en relación con lo que sucede en este país.
Lo que sí, hay que garantizar la transparencia del voto emigrante, y no se puede cuestionar de manera generalizada la honestidad y libertad de éstos a la hora de votar”, manifestó.
Sobre la reforma del reglamento de la Cámara, la presidenta del Parlamento gallego comentó que en esta legislatura los grupos empezaron a trabajar “con seriedad y rigor”, por lo que consideró que la modificación no fue posible “no porque hubiera desencuentros, sino porque estaban haciendo un trabajo previo”.
“Hay que hacerlo con mucho cuidado porque son las reglas del juego”, dijo y defendió que sea aprobada por unanimidad. Además, indicó que si no hubieran invertido los grupos un “periodo importante” en la reforma del Estatuto, “igual la reforma del reglamento se hubiera sustanciado”.
En concreto, en lo referido a la reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia, Villarino recordó que en la última legislatura se llevó a cabo “un trabajo muy importante de un nivel de consenso por encima del 90 por ciento del articulado del Estatuto”.
No obstante, puntualizó que en política “a veces hay condicionantes, que no deberían, que impiden que las cosas se desarrollen con normalidad”.
“Creo que en el momento que se planteó la reforma del Estatuto, el Grupo Popular tuvo unos condicionantes externos a Galicia en relación con la posición referida al Estatut, que le impedía llegar a un acuerdo que, sin embargo, se alcanzó muy similar en Andalucía, Islas Baleares y en Valencia”, sostuvo.
