El Estado se defiende

el nada honorable Carles Puigdemont, que pilota un plan del nacionalismo catalán con la absurda pretensión de reventar el Estado con la colaboración del Estado, se rasga las vestiduras porque, según él, el Gobierno ha traspasado las líneas rojas y se ha convertido en una “vergüenza democrática”. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, que impulsa la antidemocrática operación de celebrar un referéndum para romper con España en el que únicamente participen los partidarios de romper, por tratarse de algo que está fuera de la ley, se permite afirmar sin avergonzarse que el Estado español, democráticamente asentado en principios de legalidad y separación de poderes, está mostrando su cara represiva.
Exactamente lo mismo que dice ese gran baluarte de la democracia occidental que es Nicolás Maduro, único mandatario internacional que apoya los planes de Puigdemont y reprueba la actuación del Gobierno de España.
Y todo porque la logística del referéndum del 1-O ha quedado descabezada, tras las diecisiete detenciones llevadas a cabo el pasado miércoles en estricta aplicación de decisiones de los órganos del Estado, obligados a cumplir y hacer cumplir la ley.
Eso, y no otra cosa, es lo ocurrido en el ejercicio de la autoridad del Estado. No hacerlo supone renunciar a ese principio y dejar a la ciudadanía a merced de la arbitrariedad o el chantaje de los aventureros de la política que se abren paso atropellando las reglas del juego en nombre de su real gana.
Desactivar esas aberrantes operaciones incubadas al margen de la razón, la ley y el sentido común es un deber de Estado mediante la aplicación de todos los medios previstos en el ordenamiento jurídico.
Igual de aberrante sería no hacerlo, que el Gobierno mirase hacia otro lado o que cargase las tintas sobre la prudencia (“proporcionalidad”, dice Moncloa), hasta el punto de descuidar la firmeza. Esa sí sería una línea roja. La que separa la prudencia de la debilidad. Y es justo la que el Gobierno no ha querido traspasar. De ahí las detenciones.
La tensión del momento exige tener muy claras las cosas. Está en juego la autoridad del Estado y el imperio de la ley. O ganan los que están de la legalidad o ganan quienes se han declarado en rebeldía. Desobediencia, de momento, en términos penales. Pero no descartemos que la Fiscalía acabe apreciando delitos de rebelión o sedición.
Digámoslo sin rodeos: si acabasen ganando quienes técnicamente se colocan fuera de la ley habría cola en los aeropuertos. La hipótesis de me antoja imposible. Y menos ahora que, según las ultimas noticias, el Gobierno no parece dispuesto a confundir moderación con debilidad. Si lo hiciera tendríamos que empezar a hablar de Estado fallido.