Fiscal contra corriente

Como era de esperar, la comparecencia en la Comisión de Justicia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para explicar los cambios habidos en la cúpula fiscal no convencieron a la oposición. Normal. Lo raro hubiera sido lo contrario, como en cualquier tipo de supuestos la experiencia bien demuestra. 
Pero después de oídas las prolijas aclaraciones, sus señorías no tuvieron base o motivos para pedir la dimisión del compareciente con la que habían amenazado y ni mucho menos para seguir hablando de “purga masiva” como a modo de eficaz eslogan político había establecido el portavoz socialista, Antonio Hernando, en los inicios de la polémica.  Vista la controversia desde fuera, ha quedado la impresión de que el fiscal Maza va a saber nadar contracorriente, al margen de trifulcas políticas y periodísticas, lo cual tiene tiene especial mérito. O lo que es lo mismo: que no va a renunciar, por ejemplo,  a las facultades que la ley le concede para resolver discrepancias e intervenir, en causas que por su trascendencia lo merezcan y a través del  cauce establecido (artículo 27 del Estatuto fiscal), cuando entienda que no existen elementos incriminatorios suficientes como para ejercer la acción penal. 
Es lo que ha sucedido con una de las pretendidas acusaciones contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.  “Se trata –subrayó- de un poderoso instrumento frente a cualquier atisbo de arbitrariedad. Y  no recurrir al mismo significaría una verdadera dejación de funciones”.
Por lo demás, la llegada de Manuel Moix a  Anticorrupción ha sido considerada como la mejor de las altas producidas en el escalafón de la cúpula fiscal. Y ello, a pesar de no haber estado vinculado a la institución. O tal vez por ello: por la renovación que supone. Sus intenciones no pueden ser –dicen algunos entendidos- más saludables. Al menos así lo deducen del recordatorio que en su programa de actuación ha hecho llegar tanto  a la Policía judicial como a la Agencia Tributaria en el sentido de que una y otra actúan bajo la dirección del fiscal y no viceversa.
Si lo consigue, acabará con dos de las peores lacras de la Administración de Justicia: el automatismo acrítico del corta y pega que en sus escritos muchos fiscales hacen de los informes de sus peritos, y la apertura de investigaciones basadas en conjeturas más o menos aventuradas que luego, en el curso del procedimiento, no se sostienen.
Ha dicho también el fiscal general que se ha impuesto como compromiso personal terminar con las filtraciones en lo que de él dependa. No será fácil, en efecto, por las muchas manos que por papeles y documentos pasan. Pero posible es. Si no, que les pregunte a las magistradas que juzgaron el supermediático caso Nóos. Mil folios, ni una sola filtración. Y la sentencia se hizo pública en su momento y por los cauces oficiales.