Las cartas de Rajoy

Si en algo han venido a coincidir no pocos comentaristas en relación con el mensaje del jefe del Estado sobre la situación en Cataluña, ha sido en la rotundidad del mismo. Pero habría que añadir algo más: la rotundidad que faltaba. En el fondo y en la forma; entrando ya desde el segundo párrafo, en corto y por derecho a señalar la responsabilidad primordial de la Generalidad y sin invocaciones a un diálogo que en este momento  no toca.

La opinión pública lo necesitaba. Una vez más, la política de Mariano Rajoy de no echar más leña al fuego en momentos de especial gravedad y su consiguiente replegamiento de la escena pública, dejaban una cierta sensación de inacción y orfandad institucional. Y salvo el tono más resolutivo de la vicepresidenta Santamaría, las del ministro del Interior, por ejemplo, no contribuían ni a desmentir evidentes intoxicaciones que el sistema mediático había asumido sin pestañear, como el de los casi mil heridos, ni, sobre todo, a insuflar ánimos en una ciudadanía que –aquí y allá– también se sentía acorralada y desbordada por la situación.

No obstante, dos parecen haber sido los principales criterios de actuación del presidente del Gobierno en toda esta temporada y en lo que la pretendida independencia de Cataluña se refiere. Por una parte, mantener un exquisito cuidado en evitar actuaciones que pudieran ser interpretadas como provocación,  incendiaran más el conflicto y crearan nuevos victimismos. De ahí, el silencio impuesto a sí mismo y a su entorno político. De ahí también la falta de apoyo expreso a las manifestaciones ciudadanas que en contra de la secesión empezaban  a sucederse España adelante.  

Y, por otra parte, la unidad de los partidos constitucionalistas, difícil de visibilizar porque el PSOE estaba y está más que dividido al respecto y el propio Pedro Sánchez estaba y está por  mantenerse lo más lejos posible del PP. A Rajoy le quedaban los mecanismos que el Estado de Derecho ponía en sus manos y que ha venido utilizando en el momento procedimental que a su juicio tocaba.

De hecho, cuanto tanto hoy se pide desde las más diversas instancias la restauración de la legalidad constitucional, bien puede decirse no hay una sola actuación de la Generalidad rebelde que esté en vigor porque no haya sido debidamente recurrida y admitida por los Tribunales.

Queda, sí, la intervención de las instituciones autonómicas prevista por el tan traído y llevado artículo 155 de la Constitución. Supongo que, aunque hoy por hoy no la descubra, será la carta que empleará cuando a su juicio haya razón jurídica más que política. No obstante, no deja de llamar la atención que, después de haber sido denostada hasta ahora por tirios y troyanos, hoy se haya convertido en clamor general. Pero hay decisiones en las que en un Estado de Derecho el gobernante tiene que tentarse muy mucho la ropa antes de adoptarlas.