Al ser preguntado por si esto seguirá siendo así en el futuro o se dará a los operadores el poder de cortar el servicio, Ros explicó que hay que estudiar “si se establecen procedimientos de comunicación a los usuarios, porque antes de cortar hay toda una serie de medidas que se pueden llevar a la práctica como informar o comunicar”.

Resaltó que es necesario garantizar una “seguridad adecuada” de los derechos de los creadores y que al mismo tiempo los internautas “tienen que tener unas libertades de uso que también hay que respetar”. “El equilibrio nos parece que se puede conseguir”, aseguró.

En todo caso, dijo que es necesario adoptar una solución a nivel de la UE porque las soluciones individuales “no tienen posibilidades de llevarse a la práctica”. “Lo que estamos todos es, teniendo en cuenta la gran cantidad de información que se intercambia, ver cuál es la mejor manera de proteger los derechos de los usuarios sin entrar en cercenar los derechos de los usuarios a la privacidad y al uso de internet”, concluyó.

Legislación nacional > El Consejo de Telecomunicaciones aprobó la reforma del sector y dejó fuera una enmienda aprobada por el Parlamento en la que se exigía que cualquier decisión de cortar la conexión a un usuario que se descargue contenidos en internet protegidos debía pasar por un juez. Ello significa que, de momento, cada Estado miembro puede seguir aplicando la legislación nacional. El texto debe pasar todavía por la segunda lectura de la Eurocámara.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción consideró ayer ilegal que el Gobierno abra la puerta a que las operadoras puedan avisar a los usuarios que descarguen contenidos protegidos. En un comunicado, la organización señaló que esta medida pretende colocar “una placa de policía privada” a las compañías de telecomunicaciones y permitirles “que espíen a los usuarios” sin una orden judicial.

Facua lamentó, además, que la principal preocupación de las autoridades sea defender los intereses de las entidades de gestión de derechos de autores y editores, en lugar de frenar las irregularidades que sufren los consumidores “con los abusos y fraudes de las operadoras”.

La organización reconoció la “enorme importancia” de la defensa de la propiedad intelectual, pero recordó que hay derechos fundamentales “que están por encima”, como el secreto de las comunicaciones, la privacidad, la intimidad y la presunción de inocencia.