Los jueces Clara Bayarri, Ramón Sáenz Valcárcel y José Ricardo de Prada discreparon de la decisión que apoyaron los otros 14 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. En dicha votación se rechazó que el delito contra altos organismos de la nación por el que Garzón consideró que las desapariciones y muertes sucedidas durante esa época debían ser investigadas por la Audiencia Nacional pueda ser aplicado a este caso, dado que no existía como tipo penal en el momento en el que se produjeron los hechos.

Supremo > Además, el Pleno añadió que, dada la condición de las personas a las que podrían imputarse las desapariciones -miembros de gobiernos franquistas y, por tanto, aforados- su responsabilidad en estos hechos correspondería en todo caso al Tribunal Supremo. A pesar de ello, la Audiencia Nacional no declaró la nulidad de las actuaciones adoptadas por el juez central de Instrucción número 5 desde el momento en el que admitió a trámite las denuncias, y defiende que la investigación debe continuar, puesto que los delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero siguen aún vigentes.

En cuanto a la orden de paralizar las exhumaciones autorizadas hasta el momento por el juez, la Sala ha rechazado los recursos de súplica presentados por las asociaciones personadas, que pedían el levantamiento de esta medida cautelar.

Fosas comunes > No obstante, dado que los magistrados han decidido no anular la inhibición, las partes podrán continuar pidiendo al juez la apertura de nuevas fosas y éste estará habilitado para trasladárselas a los juzgados territoriales en virtud de las conocidas como diligencias a previsión. Precisamente ayer, se extrajeron los primeros cadáveres de los doce encontrados en el interior de un pozo de Arucas (Gran Canaria), uno de los llamados “Pozos del Olvido” de la Guerra Civil, donde se calcula que puede haber hasta 27 “desaparecidos” de la represión franquista.

Por otro lado, la Sala no contempló la petición realizada por la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas se abstuvieran al considerar que esta medida debía ser adoptada por cada uno de los jueces por iniciativa propia.

Por su parte, Garzón amplió el número de Juzgados Decanos y de Instrucción a los que remitirá la causa para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, incluyendo ahora las dependencias judiciales situadas en los lugares donde se encuentran cuatro nuevas fosas situadas en Herrera del Duque, Pamplona, Trujillo y Astorga.

Tras conocerse la decisión de la Sala de lo Penal, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, consideró que “la Audiencia Nacional ha decidido convertirse en digna heredera de aquellos tribunales de Orden Público existentes en un período que creíamos ya acabado”. Llamazares incidió en que este tipo de resoluciones suponen “una clara burla” a las víctimas, a sus familiares y al trabajo de las asociaciones memorialistas.