“¿No será que usan estas empresas por razones electorales?”, se preguntó Rodríguez Miranda, quien alertó de que en lo que va de año la Xunta ha licitado trabajos de consultoría y asistencia técnica por valor de 70,8 millones de euros.

Concretamente, el popular hizo referencia a un estudio “serio y en profundidad” de su partido, que rastreó las diferentes resoluciones publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG) desde enero hasta la actualidad y que encontró un total de 152 consultorías y asistencias técnicas publicitadas por el bipartito.

Esto supone un incremento del 62,52 por ciento respecto al año 2004 -último ejercicio completo gobernado por el PPdeG-, cuando se destinaron 43,6 millones de euros destinados a esta finalidad y se contabilizaron un total de 85 consultorías y asistencias técnicas.

Paralelamente, expresó su sospecha de que esta cifra podría verse “ampliamente superada” y rebasar los 100 millones de euros al final de este 2008 por dos razones. En primer lugar, recordó que la reforma de la ley de contratos que entró en vigor en abril de 2008 permite utilizar el procedimiento negociado sin publicidad para los contratos de servicio de cuantía inferior a 100.000 euros -antes el límite estaba fijado en 30.000 euros-.

De este modo, tras recordar que en 2004 el 45 por ciento de este tipo de contratos tenían una cuantía que oscilaba entre los 30.000 y los 100.000 euros, concluyó que muchos de los licitados por el bipartito “podrían no conocerse”. A mayores, aseguró que aún falta por contar las licitaciones que puedan efectuarse hasta el próximo 31 de diciembre.

En el análisis de los contratos formalizados por el bipartito, Rodríguez Miranda también llamó la atención sobre que muchas de las empresas seleccionadas son “conocidas por mantener vínculos extraadministrativos con los socios de la coalición”.

Como ejemplo, se refirió al caso de una sociedad “vinculada al BNG”, que en el pasado recibió el encargo de coordinar el proceso de redefinición de usos de la Cidade da Cultura y resultó adjudicataria de una macroauditoría encargada por Medio Rural para conocer el funcionamiento de los diferentes programas europeos de desarrollo y de las propias fundaciones de desarrollo comarcal.

Asimismo, comentó que también figuran empresas como TT&U y su filial Pettra, vinculadas a “conocidos, amigos o ex-jefes” de la conselleira de Política Territorial, María José Caride. Al respeto, el popular enfatizó que esta compañía fue “contratada a dedo” para elaborar el informe para adjudicar el contrato de la Autovía de O Barbanza.

En cualquier caso, consideró que el “crecimiento desmesurado” de consultorías y asistencias técnicas, así como el “elevado volumen de recursos económicos” destinados a esta finalidad revela la “vagancia” del actual Ejecutivo. “Prefieren encargar su trabajos a terceros en lugar de realizarlo directamente”, interpretó, y censuró este comportamiento que “tanto criticaban” cuando ocupaban la oposición, teniendo en cuenta que el bipartito incrementó en 10.000 trabajadores el personal de la Xunta.