Educación justifica la demora en adjudicar las cafeterías de los institutos en la Ley de Contratos

La Consellería de Educación ha salido al paso de la situación que se ha generado por el hecho de que no puedan abrir sus puertas las cafeterías de institutos de la comarca pese a que ya fueron adjudicadas a varias entidades, al igual que sucede con otras del resto de Galicia hasta un total de 255 contratos. Desde el departamento autonómico que dirige Román Rodríguez explicaron a este periódico que el plazo de presentación de ofertas acabó el pasado 13 de agosto y que hubo que esperar, en algunos casos para que llegasen por correo y también porque hubo que solicitar aclaraciones. Y precisaron que las mesas de contratación se celebraron entre la última semana de agosto  y la primera de septiembre.

Desde Educación puntualizaron que el motivo por el que se tuvo que seguir este trámite se debe a la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de Contratos do Sector Público, por la que desapareció la figura del contrato menor de servicios, lo que provoca que sea preciso ejecutar una licitación en abierto de dicho servicio. La consellería afirma que está trabajando con la máxima celeridad posible, una cuestión que advierte que hay que compaginar con el escrupuloso cumplimiento de la legalidad todos los contratos que se están tramitando en Galicia. Desde la Administración autonómica se asegura que se actuó en todo momento en beneficio de los propios centros educativos para que las direcciones de los mismos no estuviesen en una situación de ilegalidad derivada del cambio de normativa. En cualquier caso, Educación sostiene que el nuevo procedimiento ofrece mayor seguridad a directores y concesionarios.

En relación a las cafeterías de la comarca barbanzana, su adjudicación está prevista para los próximos días, y una vez que se cumpla con ese trámite tendrán que transcurrir 15 días de plazo por si alguien quiere presentar recurso, pero que después ya podrán abrir sus puertas.A Algunaspersonas que indicaron que ya se les había comunicado que eran las adjudicatarias precisaron que se les obliga a estar dadas de alta en la Seguridad Social y contar con un seguro de responsabilidad civil con antelación para poder funcionar, con lo que esta demora les provoca acarrear unos gastos mientras no están teniendo ningunos ingresos, por lo que critican la situación. l