11º-26º
sábado | 20 abril | 2024
El Ejecutivo riveirense llevará hoy a la junta de gobierno local la resolución administrativa de la Agencia Española de Protección de Datos acaba que considera que la Administración local cometió una falta grave debido a que el motivo de la instalación de las cámaras de videovigilancia no es congruente con las imágenes obtenidas y la finalidad declarada. En la misma se establece que dicha utilización abarca espacios de la vía pública para los que no existe habilitación si fueran cámara de control de tráfico, como denunció en su día el colectivo Dereitos Civís.
La AEPD le concedió, a través de la apertura de un expediente de actuaciones previas, un plazo de un mes al gobierno municipal para corregir las irregularidades encontradas en los dispositivos, y desde el equipo que preside Manuel Ruiz indicaron que van a seguir sus dictados. Las medidas a adoptar pasarán por regularizar la situación de las cámaras de tráfico con la creación de ficheros con una disposición aprobaba por la autoridad municipal sobre las cámaras de tráfico, su uso e instalación, indicando someramente las vías públicas o los tramos donde se ubican y cuyas imágenes sean susceptibles de ser captadas. Para ello, deberá procederse a adaptar el enfoque de las imágenes, reorientando y evitando en lo posible captar partes de la calle no necesarias, aportando documentos e imágenes resultantes de dicha adaptación que incluyan asimismo los carteles informativos expuestos.
Para el caso de que las cámaras se destinen a su uso por razones de seguridad pública deberán indicar las que se encuentran en tal situación y solicitar la autorización y obtener la resolución favorable de la Delegación del Gobierno que soporte el citado uso. El objetivo que se persigue es que en el futuro se pueda producir una nueva infracción.
