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sábado | 20 abril | 2024
La Xunta de Galicia alerta de que a modificación del regulamento da Lei de Costas, que pretende llevar a cabo el Gobierno de España, deja en situación de peligro e inseguridad jurídica a empresas y equipamientos públicos que en la actualidad se sitúan en Dominio Público Marítimo-Terrestre. Así lo indicaron las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de Mar, Rosa Quintana, tras la reunión que mantuvieron ayer con responsables de la empresa Mariscos Joyfra, en Ancados-Boiro, y en la que también participó el presidente de la Asociación Galega de Depuradores (Agade), Roberto Fariña. Los tres denunciaron la actuación del Gobierno central que tramita “pola porta de atrás, con nocturnidade e aleivosía, e de xeito arbitrario” una modificación del reglamento de Costas de 2014.
Ánxeles Vázquez explicó que el Ministerio para la Transición Ecológica inició una modificación del reglamento que contraviene lo previsto en una norma con rango de ley (la Ley 2/2013, del 29 de mayo, para las concesiones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, así como para su outorgamiento), al pretender que el plazo concesional extraordinario establecido en 75 años deberá contabilizarse desde el plazo inicial de la concesión, y no desde el año en que fue tramitada la renovación de la misma. La conselleira de Medio Ambiente recordó que la ley, en su exposición de motivos, recoge que la naturaleza de la prórroga excepcional “é dar resposta á extinción das concesións que expiraron en 2018, polo que con carácter xeral, o prazo máximo desta prórroga extraordinaria fixouse en 75 anos para facela coincidir co novo prazo máximo que se poderá outorgar as concesións, na procura de estabilizar dereitos nun prazo temporal semellante”.
Vázquez lamentó que el Estado emplee esta “manobra” para intentar justificar decisiones como “allanarse nos procedementos abertos en relación á prórroga de Ence, pois non só afecta á pasteira, senón que pon en perigo a moitas outras empresas que día a día traballan en Galicia, como son as conserveiras -entre las que incluyó a Jealsa-, industrias, e tamén aos equipamentos públicos, como centros educativos e de saúde, depuradoras”. La conselleira defendió que el deber del Ejecutivo responsable “é denunciar o xeito no que se está a tramitar esta modificación, pois só da sete días hábiles para presentar alegacións e reduce a dez días naturais o período de información pública. Xa se ten solicitado a ampliación do prazo para a presentación de alegacións, que debería ser dun mes ou de 15 días no caso de xustificar a urxencia, cuestión que o Goberno non acreditou”, precisó.
Vázquez argumentó que esa reducción “sen xustificación” no permite a los interesados intervenir u opinar en un procedimiento que afecta a un número importante de empresas e que general una cantidade significativa de puestos de trabajo. Por su parte, Rosa Quintana, lamentó que la modificación del reglamento general de Costas puede dejar en una situación de inseguridad jurídica a más de 100 empresas gallegas, entre conserveras, instalaciones de acuicultura y depuradoras y cocederos de moluscos. Para evitarlo, apostó porque en el plazo máximo de duración de las concesiones se tengan en cuenta únicamente las prórrogas, e incidió en que “non ten sentido volver revisar as concesións iniciais cando se tramita a súa prórroga”. Al mismo tiempo, advirtió de que sacar ciertas actividades del dominio público marítimo-terrestre puede hacerlas “non rendibles” y, por lo tanto, “inviables”.
La conselleira de Medio Ambiente comunicó que la Xunta ya presentó alegaciones de manera conjunta y unida para defender el principio de seguridad jurídica, solicitando que se mantengan los criterios y condiciones que se tuvieron en cuenta en el momento de otorgar las concesiones de ocupación en dominio público marítimo-terrestre. La titular de Mar denunció que los afectados no pueden depender de cambios arbitrarios en la legislación que pueden poner en riesgo su actividad, por lo que Rosa Quintana insistió en la necesidad de definir un escenario “claro e preciso” en el que las empresas e entidades asociativas de produtores del sector puedan continuar con su actividad con normalidad.
