La demanda del utillero rebaja su importe, pero se oirá a otro testigo

El juzgado de lo social número 3 de Pontevedra acogió ayer la vista sobre la petición de indemnización en favor de José Manuel García Bello, el utillero del Arosa que en 2015 sufrió una caída desde lo alto de una grada de A Lomba resultando lesionado. La jornada sirvió para avanzar en una rebaja importante en las peticiones económicas iniciales y para que la mayoría de las partes se declarasen incompetentes como demandadas o señalasen el orden social como no adecuado para dirimir este conflicto. El juzgado todavía deberá tomar una nueva testifical antes de avanzar hacia la resolución. 

Superada ya la parte penal de este caso hace unos meses, resuelta con un acuerdo que se cerró sin pena de cárcel y con unos 1.600 euros de multa para Manuel Abalo, presidente de la entidad deportiva, ayer llegaba la vista en la jurisdicción social, donde hay en juego una notable indemnización.

Las partes representadas fueron el club, el propio Abalo —contra quien se ha ampliado esta demanda—, el Concello de Vilagarcía, la Fundación municipal de deportes —toda vez que el accidente tuvo lugar en una instalación municipal—, las aseguradoras y el utillero.  

Rebaja
Una de las principales novedades en el acto de ayer fue al respecto del montante económico que se reclama. Inicialmente, en los escritos de demanda se solicitaban del orden de unos 425.000 euros. No obstante, en vista de los informes periciales, hay ahora una coincidencia a la baja en la valoración: Una rebaja notable, de unos 200.000 euros. Pero con todo aún abierto.

Incompetentes
La vista duró algo más de una hora. La defensa de Abalo negó su legitimidad pasiva para ser demandado en esta causa como persona física. El Arosa negó también su responsabilidad en el accidente, manifestando que habría sido el demandante el que habría decidido subirse a la cubierta desde la que se precipitó tras ceder una pieza de uralita. 

La aseguradora del club, a su vez, trató igualmente de exonerarse de responsabilidad, aludiendo a una posible falta de cobertura temporal de la póliza. 

Por su parte, los defensores del Ayuntamiento y la Fundación de deportes entienden que el orden social no sería el adecuado para este asunto, remitiéndose, en todo caso, a la jurisdicción contenciosa-administrativa. Sus seguros, igualmente, entienden que tampoco son competentes para ser demandados y que carecen de responsabilidad.

Análisis
El caso no está aún visto para sentencia. Quedaría al menos una diligencia final pendiente: La toma de declaración al operario que habría subido al utillero demandante a la cubierta, prueba señalada para el 13 de julio. 

Se presume un testimonio clave para aportar luz sobre la autoría de la decisión de subir a lo alto de la grada desde donde se produjo la caída. Uno de los testigos de ayer vendría a reforzar la tesis en favor de exonerar a Abalo. Pero el juez entiende necesario escuchar a otro testigo para dar más datos sobre este extremo. 

En caso de que se falle finalmente la existencia de responsabilidad, será clave también la forma en que esta se determine:  Si es, o no, solidaria entre las partes. En el caso de que toda la responsabilidad recaiga en el Arosa, su póliza, en el caso de obligar también al seguro, solo cubriría hasta los 90.000 euros, por lo que el club podría tener que enfrentarse a una obligación económica importante. Si, finalmente, se contempla que Concello y Fundación también son responsables —y se incluye a los seguros— las tres pólizas abarcarían el grueso del importe de la indemnización.

En todo caso, no hay que olvidar que tanto las aseguradoras como los demandados defienden que carecen de responsabilidad o legitimidad. l