sábado 18.01.2020

Las cárceles catalanas proponen que se conceda el segundo grado para los políticos presos

JxCat y ERC discrepan públicamente sobre la clasificación de los líderes soberanistas

Amand Calderó explica la decisión de las juntas penitenciarias | TONI ALBIR (EFE)
Amand Calderó explica la decisión de las juntas penitenciarias | TONI ALBIR (EFE)

Las juntas de tratamiento de las tres cárceles catalanas en las que cumplen sus penas los nueve presos del procés propusieron su clasificación en segundo grado u ordinario, que en principio no prevé salidas aunque puede ser flexibilizado hasta condiciones de semilibertad a través de supuestos del reglamento penitenciario.

En rueda de prensa, el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó, dio a conocer la propuesta que las juntas de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y Mas d´Enric (Tarragona) elevaron a la consellería de Justicia, dirigida por la republicana Ester Capella y que ahora dispone de dos meses de plazo máximo para ratificarla o enmendarla.

Una reunión simultánea

Según Calderó, las tres juntas, integradas por técnicos y el director de cada prisión con voto de calidad y que se reunieron simultáneamente a las 09.00 horas para evitar “conjeturas”, han coincidido en otorgar el segundo grado a los nueve presos del procés, en decisiones no unánimes que fueron objeto de un “intenso debate interno”.

El secretario de Prisiones de la Generalitat, que declinó detallar cómo transcurrieron las votaciones de las juntas, aseguró que intentará dictar una resolución sobre la clasificación de los internos “lo más rápido posible”, sin agotar los dos meses de plazo máximo.

De hecho, la ratificación de esa clasificación por parte de la Generalitat es clave para iniciar los trámites encaminados a flexibilizar el régimen de los reclusos, mediante la aplicación de artículos del reglamento penitenciario, como el 100.2, que les posibilitarían salidas diarias para trabajar o hacer voluntariado y regresar a la cárcel solo a dormir, en condiciones similares a las de un tercer grado.

También urge la clasificación definitiva de los presos para acceder a los permisos penitenciarios puntuales, que se pueden disfrutar una vez cumplida una cuarta parte de la condena: los Jordis, condenados a nueve años y los que más tiempo llevan entre rejas, podrían ser los primeros en hacerlo, a partir del 14 de enero.

En el caso de que alguna de las partes recurriera la clasificación sería el juez de vigilancia, y en última instancia el Supremo como tribunal sentenciador– el que tendría la última palabra.

En plena negociación

El calendario de clasificación coincide de lleno con las negociaciones entre ERC y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, un proceso en el que no es descartable que los republicanos exijan un gesto al Gobierno para que la Fiscalía no obstaculice, por la vía de recursos, los beneficios penitenciarios que en un futuro puedan concederse a los líderes independentistas.

Calderó inició su comparecencia con una cerrada defensa del sistema penitenciario catalán, su “honestidad y transparencia” y sus exitosos resultados al prevenir la reincidencia de los reclusos, después de los roces suscitados el martes entre ERC y JxCat por la clasificación penitenciaria de los líderes independentistas.

Los enfrentamientos entre ambas formaciones continuaron ayer cuando ambas hicieron públicas sus discrepancias por la propuesta de clasificar en segundo grado a los presos del procés, al subrayar los posconvergentes que se dan los requisitos para concederles el tercer grado y defender los republicanos que respetan la decisión “técnica” adoptada.

El vicepresidente del Parlament y diputado de JxCat Josep Costa afirmó que están “decepcionados” con la decisión de la junta de tratamiento penitenciario.

“Nos hubiera gustado otra decisión. Estamos decepcionados”, señaló Costa, quien destacó la circunstancia que la decisión de la junta no se tomara por unanimidad: “ante la duda, debería haberse optado por la opción menos perjudicial para los presos”.

Para JxCat, los presos son víctimas de la “presión mediática y política desde el conjunto del Estado para que tengan un castigo añadido en la forma de cumplir sus penas.

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabriá, indicó, por su parte, que su partido “respeta” esta decisión porque no tiene “ninguna duda de que obedece a criterios técnicos”, y no quiere “poner ningún tipo de presión a los funcionarios” que la han adoptado.

“Es evidente que la única solución pasa por conseguir que los presos políticos estén en la calle lo antes posible, por lo que la batalla pasará ahora por intentar que, dentro del segundo grado, se aplique el artículo 100.2 del reglamento penitenciario”, dijo.

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