10º-22º
martes | 23 abril | 2024
El Tribunal Supremo inculpó ayer por el caso de los ERE a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, una decisión que provocó la renuncia a sus actas de diputado de los tres últimos.
El magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor del caso, aprecia indicios de delito de prevaricación administrativa en la actuación de los cuatro implicados y, en Viera, también de malversación de fondos públicos.
Por ello, pidió al tribunal que tramite ante el Parlamento el suplicatorio para los tres diputados –Chaves, Zarrías y Viera–pues en el caso de José Antonio Griñán no es necesario al haber abandonado ya el Senado.
Siete meses después de que el Supremo abriera la investigación, el magistrado decidió exculpar a la exconsejera y senadora Mar Moreno, pero implica a los demás en un sistema ilegal consistente en ocultar, a través del mecanismo de transferencias de financiación, lo que en realidad eran subvenciones con el fin de eludir los controles legales a los que debían someterse.
El instructor sostiene que, en contra de lo que declararon, los indicios apuntan a que Chaves (presidente de la Junta entre 1990 y 2009) y Griñán (consejero de Economía y Hacienda de 2004 a 2009 y presidente de la Junta de 2009 a 2013), conocían el sistema “ilegal” y “descontrolado” para la concesión de subvenciones.
Desjustes
Un sistema que, a su juicio, funcionó entre 2000 y 2010 y que hizo que se aprobaran 22 modificaciones presupuestarias “arbitrarias” para solventar los desajustes presupuestarios por esas transferencias.
El magistrado opina que esa arbitrariedad contaminó el ejercicio del poder que tenían atribuido los inculpados, lo cual es relevante para configurar el delito de prevaricación. Y cita las palabras de quien fuera interventor general, Manuel Gómez, quien afirmó que los implicados “cebaron sin descanso la partida de los ERE”.
El instructor tiene en cuenta que la Intervención General de Andalucía “advirtió” a Griñán “no de meras irregularidades en la tramitación y control de las subvenciones por el sistema de transferencia de financiación, sino de auténticas ilegalidades”.
Cuantifica en 855 millones el dinero presupuestado y pagado entre 2000 y 2010 en subvenciones, aunque considera que pasarán años antes de que se pueda evaluar el percance causado a la administración. El grueso mas importante de este dinero se dedicó a los 77 ere, en donde se efectuaron pagos excesivos.
Y cuestiona que los implicados desconocieran estos hechos, como plantearon en sus declaraciones ante el instructor.
De creer la versión de Griñán, habría que entender que en las Consejerías de Empleo, Economía y Hacienda la Junta “habría un sector de altos funcionarios” que llevarían a cabo “una especie de complot o de conspiración del silencio”.
