11º-26º
viernes | 19 abril | 2024
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 2 millones de euros a las antiguas cajas gallegas, a la entidad resultante de la fusión y a la que, a su vez, heredó el negocio financiero, por “infracciones muy graves” en la comercialización de preferentes y deuda subordinada.
Las sanciones, que suman un total de 2.050.000 euros, son de 1.000.000 euros, 800.000 euros, 200.000 euros y 50.000 euros.
En su resolución del pasado 24 de marzo publicada ayer en el BOE, la CNMV declara la responsabilidad de las cuatro entidades, Caixa Galicia, Caixanova, Novacaixagalicia y NCG Banco, por incumplimientos en las obligaciones de información respecto a la comercialización de productos híbridos.
En el caso de Caixa Galicia, señala que esos productos se vendieron sin evaluar si resultaban adecuados a los conocimientos y experiencia de los clientes, y en el de Caixanova, que se usaron sistemas con deficiencias metodológicas y no se advirtió a aquellos de los riesgos que entrañaba este tipo de operación.
La otra infracción “muy grave” detectada por la CNMV es el incumplimiento de la normativa respecto a la gestión de los conflictos de interés generados por la colocación de estos productos de unos clientes a otros a precios “significativamente alejados de su valor razonable”.
Infracciones que se siguieron cometiendo durante la etapa de la entidad resultante de la fusión de las antiguas cajas, Novacaixagalicia, desde el 1 de diciembre de 2010 hasta el 13 de septiembre de 2011, y luego en NCG Banco, que comercializó estos productos tóxicos hasta febrero de 2012.
Esta resolución, firmada por la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, es firme solo en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
El pasado jueves, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acordó interpelar a la CE sobre si se incumplió la normativa europea sobre protección al consumidor y productos financieros en el caso de la venta de preferentes en España. La comisión debatió la situación de 32 afectados, la mayoría de Galicia, que reclamaron a las instituciones europeas su apoyo y consideraron insuficientes las medidas de compensación otorgadas por las autoridades españolas.
“Enviaremos una carta a la Comisión Europea con una pregunta muy concreta: ¿ha habido infracción del derecho europeo por parte de las autoridades españolas?”, dijo al final de la sesión la presidenta de la comisión de Peticiones del Parlamento, Cecilia Wilkstrom.
Asimismo, se hará llegar al Ejecutivo comunitario toda la información sobre el caso, para que se pronuncie si se considera competente, y a la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara para que “conozca las preocupaciones que han llegado sobre este asunto”.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se pronunció tras escuchar el testimonio de cuatro denunciantes que viajaron hasta Bruselas para presentar su caso. Entre ellos estaba Xesús Domínguez, coordinador de los afectados en Galicia, que reclamó a la Eurocámara que “haga todo lo necesario para que no quede impune una macroestafa organizada por las entidades bancarias, para recuperar así la confianza de los ciudadanos en Europa”. Domínguez también fue crítico con el proceso de arbitraje ofrecido más tarde a los afectados, que, aseguró, solo resolvió “el 10% de los casos”.
