sábado 16.11.2019

La disparidad de criterios retrasa la resolución sobre las tasas hipotecarias

En la sesión de ayer intervinieron nueve de los 28 magistrados del Supremo y no hay postura mayoritaria

Un grupo de personas protesta ante la sede del Tribunal Supremo durante la deliberación | rodrigo jiménez (efe)
Un grupo de personas protesta ante la sede del Tribunal Supremo durante la deliberación | rodrigo jiménez (efe)

La disparidad de posturas en torno a quien debe asumir el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados –impuesto sobre hipotecas– protagonizaron las ocho horas de deliberación de ayer del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que continuará a partir de las 10.00 horas con la discusión de este asunto.


Fuentes de la Sala señalaron que en el debate de fondo de la cuestión –si se estiman o no los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra una sentencia anterior que falló a favor de las entidades bancarias– habían intervenido un total de nueve de los 28 magistrados reunidos, dos de los cuales fueron los ponentes asignados a los citados recursos.
Las mismas fuentes apuntan que los magistrados que sí intervinieron no mostraron una postura unitaria respecto a este asunto, y que hubo opiniones tanto a favor como en contra de confirmar el giro jurisprudencial realizado hace tres semanas por una de las secciones de esta sala, que atribuyó a los bancos el pago.

Dos de los que defendieron confirmar la nueva jurisprudencia fueron los dos ponentes de los recursos estudiados ayer, Nicolás Maurani y Francisco José Navarro Sanchís. Sin embargo, otros magistrados que intervinieron ayer se mostraron en contra de confirmar la nueva doctrina y abogaron por volver a la situación anterior, la de que sean los clientes los que abonen el impuesto.
Durante las primeras cinco horas de debate, los 28 magistrados, salvo un número muy pequeño de ellos que se posicionaron desde el principio a favor de volver a la jurisprudencia anterior, no entraron en el fondo de asunto y se limitaron a discutir sobre la procedencia de admitir los recursos llevados al pleno por el presidente de la Sala Luis Díez-Picazo.

Lo que mayoritariamente respaldaron en esta primera fase de la discusión fue la decisión del presidente Díez-Picazo de avocar el asunto al pleno. Hay que tener en cuenta que la denominada sala especial del artículo 61 del Supremo respaldó de forma rotunda esta decisión el pasado miércoles en el auto por el que rechazó la querella presentada por Podemos contra este magistrado.
Una de las claves de la deliberación que continuará hoy será la fijación de la retroactividad de la nueva doctrina en el caso de que esta se confirme.
Se baraja que pueda fijarse en cuatro años -que es el plazo que permitiría la reclamación por los ciudadanos a Hacienda del dinero pagado por este impuesto- o establecerse ilimitada, lo que permitiría reclamar en los tribunales a un número mayor de ciudadanos. El asunto de la retroactividad, sin embargo, no se tocó ayer.

En la deliberación de este asunto no estuvieron presentes tres de los magistrados de lo Contencioso del Supremo: el magistrado Rafael Fernández Valverde, que se encuentra de viaje; Segundo Menéndez, ocupado con asuntos relacionados con las elecciones autonómicas andaluzas, ya que es miembro de la Junta Electoral Central; y Octavio Herrero, que se apartó porque familiares suyos tienen una vivienda en Rivas-Vaciamadrid. l

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