España dedicó en 2017 más de la mitad del presupuesto en protección social a pagar pensiones de jubilación y viudedad, concretamente el 51,6% del total, un gasto superior a la media de la Unión Europea (45,6%), según los datos publicados ayer la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.
El gasto total en prestaciones sociales en España representó ese año casi un cuarto de su PIB (el 23,4%), cuatro décimas menos que en 2016 y dos y media menos que cinco años atrás.
España se situó en ese indicador por debajo de la media europea –que ascendió al 27,9% del PIB–, posicionándose en cualquier caso hacia la mitad e la tabla de los 28 países que componen el club comunitario.
Jubilación y viudedad
En cuanto al destino de las ayudas, España dedicó la mayor parte del gasto a pensiones de jubilación y viudedad (51,6%), seguido de prestaciones por enfermedad y discapacidad (33,8%), prestaciones por desempleo (7,7%), ayudas para la familia y el cuidado de los hijos (5,4%) y, por último, ayudas para vivienda y contra la exclusión social (1,4%).
En comparación con sus socios europeos, España fue el octavo país que más destinó a pensiones, así como el segundo que más invirtió en ayudas al desempleo, un 7,7% del total el PIB, 3,3 puntos por encima de la media.
Sin embargo, España fue también el tercero por la cola en el presupuesto dedicado al cuidado de la familia y de los hijos (5,4% frente al 8,7% de media), además de dedicar un gasto muy inferior a la media en ayudas a la vivienda y la exclusión social (1,4% frente a un cuatro por ciento).
En lo que respecta a la asistencia sanitaria y para discapacidad, España se situó en la parte media de la tabla, ligeramente por debajo del 37,1% de media, en el 33,8%.
Entre los 28 países de la Unión Europea, los que más gastaron en protección social fueron Francia (34,1% de su PIB), Dinamarca (32,2%) y Finlandia (30,6%), los tres únicos Estados Miembros que superaron la barrera del 30%.
En el extremo opuesto se situaron Rumanía, Letonia e Irlanda (todos con un 15%), seguidos de Lituania, Estonia, Malta, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Chipre, la República Checa y Polonia, ninguno de los cuales supera el 20 por ciento de gasto del PIB en ayudas sociales. l