Feijóo cree que los bancos tienen “la obligación legal” de devolver de oficio las cláusulas suelo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, opinó ayer sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a los bancos a devolver los importes cobrados en concepto de cláusulas suelo para subrayar que las entidades financieras tienen “la obligación legal” y también “moral” de ingresar esos fondos “de oficio” a sus clientes.

Feijóo incidió en que “las sentencias hay que cumplirlas” y, en este sentido, consideró que “lo lógico” es que los bancos ingresen esos importes “de oficio”, sin esperar a las reclamaciones.

Dentro de ese planteamiento de “defensa de los consumidores”, el mandatario señaló que la Xunta pone a disposición de los gallegos afectados “todos los medios legales y de asesoramiento” que existen en el Instituto Galego de Consumo e da Competencia. Sus siete oficinas distribuidas en toda Galicia darán información y asesoramiento gratuito, unos datos a los que también se puede acceder a través de su página web.

Además, como indicó el presidente gallego, habrá jornadas informativas en distintas villas y ciudades gallegas para los afectados por este producto bancario que “no era legal”, según los tribunales de Justicia.

Por su parte, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, reclamó a la Xunta un sistema de arbitraje para “unos 200.000 gallegos” con cláusulas suelo. Villares informó sobre la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento para instar a la Xunta a articular los mecanismos necesarios con el fin de poner en marcha un sistema de arbitraje, similar a lo ocurrido con el caso de las preferentes, y soluciones extrajudiciales para la devolución por las entidades financieras de las cantidades cobradas de forma “indebida”.

Sobre esta cuestión, subrayó que la Xunta “tiene competencia” para “arbitrar” a través del Instituto Galego de Consumo, así como para impulsar una solución extrajudicial.

Así, el portavoz parlamentario de En Marea avisó de que es un tema que “debe ser abordado de forma urgente” por el Gobierno gallego, ya que las administraciones “deben tomar cartas en el asunto”, en una problemática que repercute en “unos 4.000 o 5.000 millones” en todo el Estado español. Villares considera “normal” que el tribunal europeo haya declarado la retroactividad en una cláusula suelo que “es abusiva”, tanto “desde el punto de vista del propio derecho español” como en lo que respecta a la protección a los consumidores en el ámbito europeo. Apuntó que esta problemática “supera con creces una situación de carácter individual”, por lo que se debe articular una solución “colectiva”, dado su “interés público evidente”, sin que las familias se vean abocadas a “largos procedimientos de carácter judicial”.

Ente sentido, llamó la atención sobre “la transferencia de renta” que esta medida supondría desde bancos a familias que “precisamente tienen hipotecas”, con el objetivo de tener una “mayor disponibilidad de recursos que son suyos y siempre fueron”.

Por su parte, el diputado Antón Sánchez también opinó sobre la sentencia y valoró que esta “enmienda la vergonzosa actuación de los gobiernos y las autoridades frente a la mayoría de los consumidores”.