El Gobierno aprueba de nuevo la senda de déficit rechazada por el Congreso

El Consejo de Ministros aprobó ayer de nuevo la senda de estabilidad presupuestaria para el período 2019-2021, anteriormente ya propuesta y rechazada por el Congreso en julio, que prevé unos objetivos de déficit más flexibles, del 1,8% del PIB para 2019, del 1,1% para 2020 y del 0,4% para 2021.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra portavoz Isabel Celaá, explicó que se vuelve a enviar a las Cortes la misma senda para el conjunto de las administraciones públicas porque así lo requiere la Ley de Estabilidad como paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
“La decisión se adopta tras consultar con la Abogacía del Estado, que entiende que es un requisito previo (a los Presupuestos)”, declaró Celaá.

Compromiso
La ministra portavoz añadió que el Gobierno “asume el trámite” por segunda vez porque tiene el “firme compromiso” de presentar en enero las cuentas públicas del año que viene, que se formularán con el objetivo de déficit que esté en vigor en ese momento.
Ese objetivo será casi con toda seguridad el actualmente vigente para el Estado, del 0,3 por ciento del PIB, ya que, aunque la nueva senda de déficit superara el trámite en el Congreso, no lograría sortear la mayoría absoluta del PP en el Senado.
La Cámara Alta mantiene la capacidad de veto a la senda de déficit, una prerrogativa que perderá si se consigue aprobar la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria propuesta por el PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís, algo que no ocurrirá en el corto plazo dado que su tramitación está siendo bloqueada por PP y Cs. Celaá insistió ayer en que el Gobierno va a presentar sus Presupuestos porque entiende que son los que necesita el país para poder recuperar el Estado del bienestar “menoscabado durante la crisis”.
“Esto va a obligar a que todas las fuerzas políticas lo debatan, lo discutan, lo enmienden o planteen sus propuestas alternativas”, afirmó la portavoz.
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Choque por el Empleo Joven, dotado con 2.000 millones de euros, con el que el Gobierno quiere mejorar la formación y empleabilidad de este colectivo y reducir en 10 puntos su tasa de paro, hasta el 23,5%, en los próximos tres años.
Según explicó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se trata de un plan que contempla 50 medidas y que persigue atajar la enorme temporalidad de los menores de 30 años y su elevada tasa de desempleo.
Además, el Gobierno aprobó la regulación de la jubilación parcial simultánea con un contrato de relevo para la industria manufacturera, de especial incidencia en el sector de automoción, con lo que espera poder asegurar, al menos, 70.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, destacó la mejora sustancial en el contrato de relevo para la industria manufacturera. El contrato va a permitir generar competitividad en esta industria, y va a generar oportunidades de empleo para los jóvenes, dijo. l