La Xunta apoyará la vía judicial si no se amplía el arbitraje en las preferentes

El Gobierno gallego trabaja en un acuerdo con las instancias judiciales para agilizar por esta vía los casos de las personas afectadas por productos bancarios, como preferentes y subordinadas, en caso de que no se amplíe el proceso de arbitraje, que finaliza la próxima semana.

Novagalicia anunció esta semana, tras conocerse la quita adicional que sufrirán los compradores de estos productos, que el próximo lunes finalizará el proceso de arbitraje, con el que prevé devolver su dinero a casi cuarenta mil personas, lo que supone un 60% de los afectados.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó en conferencia de prensa que no comparte la decisión del banco de finalizar con el proceso de arbitraje y defendió que este proceso debería continuar para que puedan cobrar “las personas que están en idéntica situación que las que ya cobraron”.

En caso de que no se amplíe el plazo, la Xunta, dijo, “vuelve a tomar partido por los ahorradores” para que recuperen el 100% de su dinero.

Esta decisión consiste en un acuerdo en el que trabaja el Gobierno gallego a través de su vicepresidente y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, con las instancias judiciales para “la devolución inmediata” del dinero a los afectados.

protección

Núñez Feijóo defendió que la Xunta mantiene su “postura inicial” en este tema que consiste, dijo, “en proteger al 100% de los ahorradores para que recuperen el 100% de sus ahorros. No cambiamos, ni antes ni después del anuncio del banco”, concluyó.

Precisamente, las autoridades judiciales ya alertaron en su día de que, ante la previsible “presentación masiva de demandas” cuando se concretase la quita, era necesario articular un plan para que los ciudadanos afectados por este conflicto pudiese acceder a la Justicia evitando colapsos y de una forma eficaz.

A la espera de conocer los detalles del plan cerrado con la Xunta, miembros del Poder Judicial han aludido en las últimas semanas a diversas opciones, como una posible concentración de los casos en determinados juzgados o la unificación de las demandas, para lograr una tramitación “ágil y ordenada” que permita que los casos tengan sentencia dictada “en un plazo razonable”.