lunes 30/11/20

La ministra de Industria insiste en que la planta lucense de Alcoa y sus empleos son estratégicos

El Gobierno espera el fallo del Superior de Xustiza para analizar los siguientes pasos que se darán
Miles de personas marchan por las calles de Lugo para exigir una solución para la planta de San Cibrao | aec
Miles de personas marchan por las calles de Lugo para exigir una solución para la planta de San Cibrao | aec

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el Gobierno central verá “cuáles son los siguientes pasos” a dar con respecto a la planta de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), una vez se pronuncie el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre las medidas cautelares solicitadas por el comité de empresa frente al ERE que afecta a más de 500 trabajadores.

En una entrevista concedida ayer  a la Cadena Ser, la ministra reiteró que el Ejecutivo estatal “sigue trabajando en todas las alternativas” para la fábrica de aluminio, por lo que no se descarta una intervención, toda vez que ya hubo un ofrecimiento por parte de la SEPI que la multinacional rechazó.

“El Gobierno está aquí para mantener los puestos de trabajo y las capacidades productivas. Esa planta es estratégica, es la única de aluminio primario en toda España y, como estratégica que es, lo son sus puestos de trabajo”, ha recalcado.

A la espera de que el TSXG se pronuncie el miércoles sobre las cautelares que solicitan los sindicatos para paralizar el ERE, en una vista en la que intervendrá el propio Ministerio, Reyes Maroto dijo confiar en que la justicia apruebe esas medidas no solo para “seguir avanzando en la negociación con Alcoa en la búsqueda de soluciones alternativas”, sino también para cumplir ese “objetivo” que es “mantener las capacidades productivas y los puestos de trabajo”.

Mesa multilateral
En este sentido, comprometió que lo que dicte el alto tribunal gallego será clave también para convocar la próxima mesa multilateral sobre el conflicto en la planta de San Cibrao. “Y tendremos ahí ya los argumentos para ver cuáles serán los siguientes pasos”, ha añadido.
Para la ministra de Industria, quedó demostrado que Alcoa “ha actuado de mala fe durante todo el proceso”, por lo que le advirtió de que tendrá que devolver al Estado los “50 millones de euros” recibidos en ayudas públicas.

“Les hemos hecho el requerimiento, nos han contestado. Ahora está la Abogacía del Estado analizando si están suficientemente justificadas y, en los próximos días, haremos público si las tienen que devolver o no”, ha avanzado Maroto, quien también dijo “confiar” en que la multinacional tendrá “dificultades” para justificar esas subvenciones porque el decreto que las regulaba “exige el mantenimiento 
del empleo”.

No obstante, la ministra de Industria también explicó que incluso la Xunta “está trabajando en un requerimiento” sobre ayudas percibidas “que tienen que ver con el cumplimiento medioambiental”. Alcoa “ha tenido muchas ayudas públicas y la mala fe que ha demostrado en estas negociaciones nos llevan (a Gobierno central y autonómico) a exigirle la devolución”, recalcó.

En cualquier caso, garantizó que el Estado mantendrá el diálogo para que la empresa “dé marcha atrás”: “Alcoa se equivocó al no aceptar una compra triangular, es algo que todos compartimos, y seguimos con un diálogo con la multinacional trasladándole las distintas opciones. Porque ellos también ganan si esa planta se mantiene”.

No en vano, Maroto dijo que “la transición hacia un proyecto de futuro” como el presentado por Liberty House “es una manera mejor de dejar esa planta en las mismas condiciones”.

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