11º-26º
viernes | 19 abril | 2024
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional en el que se solicita que se amplíe la querella interpuesta en junio de 2017 contra el Banco Popular.
En concreto, la organización pide que se extienda la investigación a otras personas presuntamente responsables, pero sobre todo quiere que el origen temporal de la presunta falsedad contable de la información financiera y de los estados contables de la entidad se analicen al menos desde el ejercicio 2008.
Para la OCU, la falsedad se manifestó de forma “evidente” en la información financiera suministrada en la ampliación de capital anunciado en mayo de 2016, si bien se pregunta desde qué momento el Popular venía ocultando al mercado su verdadera situación, ya que entonces generó una apariencia de solvencia y beneficios cuando su situación “real era de pérdidas millonarias”.
La organización asegura que las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha por la Audiencia Nacional se desprenden al menos veinte indicios relevantes que ponen en evidencia que las “graves irregularidades contables en el seno de Popular tuvieron su origen al menos en el año 2008”.
Exdirectivos
En junio de 2017, la OCU presentó su denuncia contra la antigua cúpula de la entidad resuelta y posteriormente comprada por el simbólico precio de un euro por el Banco Santander, entre los que figuran el expresidente de la entidad Ángel Ron, el exvicepresidente Roberto Higuera y el exconsejero delegado Pedro Larena, además de contra la auditora PwC y el socio que firmó la cuenta, Pedro Barrio, por presunta falsedad contable y estafa a los inversores.
En un principio, el letrado que presentó la querella en nombre de la OCU, Eliseo Martínez, apuntó solo a las cuentas del ejercicio 2016, en las que sostuvo que se distorsionó de manera intencionada la información con la que contaron los consumidores a la hora de actuar sobre operaciones con el Popular.
Por otro lado, las Audiencias Provinciales de Ourense y de Pontevedra condenaron al Popular a restituir dinero a varios clientes gallegos por comercializar productos, tales como preferentes, bonos subordinados y acciones de la ampliación de capital de forma indebida.
Las citadas resoluciones judiciales condenan a la entidad bancaria a devolver a los afectados una cuantía de 45.000 euros, de los cuales, cerca de 40.000, a una mujer de avanzada edad de Pontevedra, y unos 4.000, a afectados en Ourense.
El abogado Juan José Pérez estima que en Galicia podrá haber unos “15.000 afectados” por la adquisición de acciones al Banco Popular que nunca llegaron a percibir dividendos por la mala situación económica de la entidad financiera.
