Los trabajadores de Ence protestan frente a la sede del PSOE en Madrid

Los trabajadores de Ence protestan frente a la sede del PSOE en Madrid
Cerca de medio millar de trabajadores de Ence se manifestaron ayer en la madrileña calle Ferraz | marta fernández (ep)

Unos 500 trabajadores de Ence y de las empresas y contratas vinculadas a la planta de la compañía en Pontevedra se manifestaron ayer ante la sede central del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que “no dé la espalda a las más de 5.100 familias que se verían afectadas” por el cierre de esta biofábrica.


Según el presidente del comité de empresa, Ignacio Acuña, desde Galicia llegaron seis autobuses, a los que se sumaron los trabajadores de las oficinas de Madrid y del sector forestal en Pontevedra.


Acuña explicó que debido al ciclo productivo de 24 horas de la fábrica en Pontevedra, dos turnos completos no pudieron desplazarse hasta Madrid. Aun así, cifró entre 400 y 500 los asistentes a la manifestación en Ferraz.
El presidente del comité de empresa de Ence trasladó también su “repulsa” a que “cada vez que hay elecciones nuestros puestos son moneda de cambio”, lo que explicaba su presencia en la sede del PSOE a tan solo cuatro días de unos comicios generales.


Con pancartas en las que se podía leer “No se ponga nervioso señor Sánchez, que Ence en Pontevedra se queda”, “Ence sí, paro no” o “Pedro Sánchez, presidente del paro”, los trabajadores mostraron su “indignación” ante el cambio de criterio del Gobierno, que podría conllevar el cierre de la fábrica. En concreto, este cambio de criterio por parte del Gobierno en los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional para la prórroga de la concesión a Ence en la ría de Pontevedra se conoció a mediados del pasado mes de marzo, lo que comprometía el visto bueno que había recibido la compañía en enero de 2016 por parte del anterior Ejecutivo. En concreto, el abogado del Estado desistió de la defensa de la prórroga a Ence al considerar que esta no fue “conforme a derecho”. Su argumentación se basa en “el plazo máximo” fijado por el Consejo de Estado de la concesión para 75 años, sin que se pueda sobrepasar ese límite. En 1958 se estableció una concesión de 75 años que caduca en 2033, por lo que el abogado del Estado considera que la prórroga otorgada en 2016 por 60 años –hasta 2073– no sería conforme a derecho.


Según las cifras de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), de la biofábrica de Pontevedra dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 familias, con una plantilla fija de 400 empleados.

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