11º-22º
martes | 16 abril | 2024
Tres de los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia (NCG) que cobraron indemnizaciones millonarias por su salida del grupo abonaron la fianza civil de 3,47 millones de euros que les impuso el pasado 6 de noviembre el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada pagan las cantidades impuestas por el juez Ismael Moreno
Fuentes jurídicas informaron de que el ex director general de Caixanova José Luis Pego ingresó en la cuenta de consignaciones judiciales de este tribunal 1,92 millones de euros; y los exdirectivos Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, 1,21 millones y 347.920,92 euros, respectivamente.
recurso
No obstante, Moreno exigió la fianza más alta, 7,02 millones de euros, para Javier García de Paredes, que recurrió esta decisión pidiendo que se le rebajara en 2,4 millones al alegar que esta cantidad corresponde a la retención fiscal que aplicó la Agencia Tributaria del total de 5,26 millones que cobró de indemnización y que, según el imputado, nunca llegó a percibir.
El magistrado justificó la imposición de estas cantidades, de las que también debe responder solidariamente el excopresidente de la entidad Julio Fernández Gayoso, ante los indicios de “criminalidad suficiente” en la actuación de los imputados y el riesgo de que “se coloquen en una situación de insolvencia que impida o dificulte que un eventual pronunciamiento condenatorio pudiera hacerse efectivo”. Según la resolución del juez, los imputados acordaron mejorar sus contratos “en su propio beneficio y para asegurar sus intereses personales y preparar su previsible salida de la entidad”, fruto de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova.
Los exdirectivos lograron así, relataba Moreno, elevadas sumas de dinero al cesar sus actividades en Novacaixagalicia al amparo de las mejoras de los contratos y la interpretación de las causas incluidas en los mismos, que los imputados “efectuaron en su propio interés” con “abuso de las funciones de su cargo” y “pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad”. Para el instructor, estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida.
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de Novagalicia, la entidad a la que se traspasó el negocio financiero, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 –en el momento de la fusión– y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB.
