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miércoles | 24 abril | 2024
El abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, Paul Bekaert, defendió ayer el aplazamiento de la audiencia para decidir sobre su entrega a España y argumentó que “no es ganar tiempo”, sino un trámite para garantizar el derecho de la defensa.
Bekaert dijo que “no es ganar tiempo. Es solo el derecho de la defensa a escribir sus alegatos e informar al tribunal, porque es bastante complicado, no es un caso simple”.
Este viernes tuvo lugar la primera audiencia del caso ante la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) belga, tras la cual el juez decidió fijar una nueva cita el 4 de diciembre para que hagan sus alegatos tanto la defensa como la Fiscalía, que ayer pidió la ejecución de las euroórdenes contra Puigdemont y sus exconsejeros por todos los cargos salvo el de prevaricación.
Un plazo muy corto
“Para los tribunales belgas catorce días es (un plazo) muy corto”, dijo el abogado en referencia al tiempo transcurrido entre que la Fiscalía belga recibió las órdenes y la entrega el 3 de noviembre, y la audiencia celebrada ayer.
El letrado insistió en que “es normal” que defensa y Fiscalía presenten sus alegatos por escrito, pero rehusó precisar cuándo entregará el equipo defensor estos argumentos al juez.
Tampoco desveló si habrá cambios en su estrategia de defensa por “respeto” al tribunal, dijo el defensor.
Corresponde a la defensa presentar en primer lugar sus alegatos, a los que después puede responder la Fiscalía, cuyas conclusiones pueden a su vez ser contestadas de nuevo por la defensa, explicó Bekaert.
Esto debe ocurrir como tarde el 4 de diciembre, cuando tendrá lugar la vista oral tras la cual el juez deberá pronunciarse sobre las euroórdenes cursadas.
Para ello, sin embargo, no existe un plazo fijo más allá de los dos meses con que cuenta en general la Justicia belga para cerrar el caso, incluidos los recursos de apelación y casación, explicó este letrado.
Dos meses
Dado que Puigdemont y los exconsejeros están en libertad condicional no se aplica el límite de 15 días que rige cuando los encausados están en prisión, indicó. En esta tesitura el letrado cree que el procedimiento podría prolongarse dos meses.
“He tenido muchos casos y en general llevan dos meses”, dijo Bekaert, recordando que en el procedimiento a los exdirigentes “la ley prevé que desde el 2 de noviembre todo debe terminar, incluida la casación, el 2 de enero”.
Bekaert recordó, sin embargo, que puede solicitarse un alargamiento de este plazo bajo ciertas circunstancias y advirtió que en el pasado llevó casos que duraron hasta cuatro meses, si bien no cree que esto vaya a ocurrir con Puigdemont.
Todo apunta, en cualquier caso, a que el procedimiento estará abierto cuando el 5 de diciembre comience la campaña electoral para el 21-D, al que el expresidente catalán concurre como cabeza de lista de “Junts per Catalunya”.
En este sentido, el letrado belga aclara que el juez no podría dictar medidas que impidan a Puigdemont hacer campaña.
“No habrá otras medidas. Durante todo el procedimiento la libertad condicional y las condiciones permanecen en vigor”, dijo Bekaert, quien precisó que las medidas cautelares, que incluyen la prohibición de salir de Bélgica, serán las mismas hasta que se cierre el proceso.
El abogado belga aseguró, por otra parte, que su cliente “permanece muy combativo, muy franco” tras la vista de ayer.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los exconsejeros que lo acompañan epreparan desde ayer su defensa de cara a su próxima cita con la justicia belga.
Hasta ahora la línea de defensa de Puigdemont y de los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret se basó en argumentar que los acusados se someterían en España a un juicio político, no penal, y en cuestionar que los delitos que se les atribuyen estén incluidos entre aquellos que justificarían la entrega a España.
Tras la vista del 4 de diciembre, la decisión de entregar a Puigdemont y los exconsejeros quedará en manos del juez, que podría tardar hasta dos meses en tomarla, ya que el plazo de 15 días que marca la ley solo se aplica cuando los encausados están en prisión, no para quienes están en libertad condicional como los exdirigentes catalanes.
