Agentes de la Guardia Civil registran las sedes de OHL, Indra, PwC y Saerco

Agentes de la Guardia Civil registran las sedes de OHL, Indra, PwC y Saerco
Un coche de la Guardia Civil espera a la sede de la empresa Licuas mientras es registrada por agentes de la UCO | javier lizón (efe)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado ayer en varias empresas, entre ellas OHL, Indra y PriceWaterhouseCoopers (PwC), para buscar información que pudiera vincular la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid con una presunta financiación irregular del PP.

En el segundo día de la denominada operación Lezo, en la que se investiga la corrupción en el Canal de Isabel II, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco comenzó a tomar declaración a los detenidos, María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal, y Adrián Martín, exgerente de esa entidad.

El plan de trabajo de Velasco pasa por tomar hoy declaración a los otros arrestados que desde el miércoles permanecen custodiados por el instituto armado, entre ellos el expresidente madrileño Ignacio González, su hermano Pablo, su cuñado Juan José Caballero y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica.

Ayer se conoció que otro de los detenidos el miércoles fue el ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, ya investigado en el caso “Púnica”, en el que también se investiga la financiación ilegal del PP.

Dentro de esas pesquisas, el juez ordenó ayer a la UCO entrar en la constructora OHL, la tecnológica Indra, Licuas (una constructora de obra civil), Saerco (que gestiona torres de control de aeropuertos) y la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC).

En el caso de OHL, cuya cotización cayó un 8,29% tras conocerse la noticia, la investigación tiene que ver con el contrato del tren de Móstoles a Navalcarnero, firmado en 2007, y con el posible desvío de fondos hacia el PP y hacia el propio Ignacio González.

A PwC los agentes le reclamaron información sobre los trabajos de consultoría prestados a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, entidad que también fue registrada.

La cuestión es que su ex consejero delegado, Martínez Nicolás, ahora detenido, está imputado en la Púnica por haber pagado 10.000 euros a la trama tras una supuesta orden de la Consejería de Presidencia y Justicia.

Estos pagos, que se habrían hecho con dinero solicitado a Indra y estarían destinados a mejorar la imagen en redes sociales e internet de diferentes cargos. l

Agentes de la Guardia Civil registran las sedes de OHL, Indra, PwC y Saerco

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