jueves 24/9/20

El Ayuntamiento estudia pedir responsabilidades políticas por el caso del Conde de Fenosa

El TSXG decidirá el próximo jueves si acepta el acuerdo al que se llegó tras el proceso de mediación

El edificio está en la confluencia de Fernando Macías y la avenida de Finisterre | pedro puig
El edificio está en la confluencia de Fernando Macías y la avenida de Finisterre | pedro puig

El Gobierno local no descarta pedir responsabilidades a los cargos políticos que estuvieron involucrados en la concesión de la licencia para el edificio Conde de Fenosa por la que fue declarado ilegal. El asunto está pendiente de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia homologue el próximo jueves el acuerdo al que llegó la mediación.


Entre las medidas que plantea este acuerdo para ejecutar la sentencia, que en un primer momento tendría que ser de demolición, esta la de indemnizar a la parte denunciante.

El alcalde, Xulio Ferreiro, explicó ayer que “nun primeiro momento” será el Ayuntamiento quien tenga que hacer frente a esa indemnización, cuya cantidad no quiso detallar debido al compromiso de confidencialidad que existe sobre el proceso.

Si esto sucede, el regidor aseguró que el Gobierno municipal estudiará las “ferramentas legais” que tiene la administración para “verse resarcido total ou parcialmente”.

La licencia a partir de la que se genera todo el proceso legal que todavía continúa abierto fue concedida en el año 1996, cuando el Gobierno local estaba en manos del Partido Socialista.


Esta posibilidad de pedir responsabilidades si finalmente se debe indemnizar al denunciante está pendiente de que el TSXG apruebe que la ejecución de la sentencia, que obligaba a demoler el edificio, se efectúe por medio de una serie de medidas como la construcción de un edificio de medio centenar de Viviendas de Protección Oficial o la admisión del Ayuntamiento de su responsabilidad por la emisión de la licencia, entre otras.

El alcalde calificó de “moi positivo” y de “boa noticia” el acuerdo alcanzado durante el proceso de mediación. El resultado entiende que es beneficioso no solo para el Gobierno local, que en caso de tener que derribar el edificio se enfrentaría a un coste de alrededor de 60 millones de euros, sino también para la comunidad de propietarios.


Por su parte, este diario contactó con el denunciante, el arquitecto Valentín Souto, quien declinó hacer una valoración del acuerdo alcanzado hasta que este sea ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y remitiéndose al pacto de confidencialidad que pesa sobre el asunto.


El proceso de mediación comenzó el pasado mes de octubre y reunió al Ayuntamiento, a la comunidad de vecinos y al denunciante, además de contar con la guía de un despacho de abogados encabezado por Pascual Sala. El litigio comenzó hace más de 21 años y en 2001 el TSXG anuló la licencia concedida por el Ayuntamiento, declarando el edificio ilegal. l

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