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miércoles | 24 abril | 2024
La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá reconoció que se reunió en su despacho con el exduque de Palma Iñaki Urdangarin y con el exsocio de este, Diego Torres, para negociar el impulso de unas jornadas “paralelas” a la celebración de la Copa América y que fueron proyectadas bajo el nombre Valencia Summit.
Así lo manifestó al inicio de su declaración ante el tribunal que juzga a los 17 acusados del juicio del caso Nóos, en la que subrayó la importancia de recibir a Urdangarin “como una persona dos veces medallista, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) y muy bien relacionado con los medios deportivos internacionales”.
En su comparecencia, precisó que en el encuentro “no se concretó nada y eran más que nada ideas”, dejando claro tajante que no negoció nada acerca del precio de las jornadas. La exprimera edil hizo hincapié asimismo en que Nóos era una asociación “sin ánimo de lucro”.
A preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Barberá, quien arrancó anunciando su intención de “colaborar plenamente con la justicia”, recordó cómo Urdangarin le propuso “traer expertos del mundo para hablar de la ciudad en el marco de la Copa América”, tras lo cual la entonces alcaldesa le recomendó que abordase este asunto con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, entidad que aseveró que tenía naturaleza privada. De hecho, al ser interpelada sobre si comprobó el destino que dicha fundación dio a los fondos del Summit, dijo: “no era mi misión”.
Se da la circunstancia de que el Tribunal de Cuentas, en un extenso informe de fiscalización de las fundaciones de ámbito local incorporado a la causa, subraya que más del 80% de los ingresos anuales que percibe la entidad que sufragó parte de las tres ediciones del evento Valencia Summit son aportados por el Ayuntamiento, determinando en su dictamen que se trata de una entidad del sector público. Una conclusión que contrasta con las declaraciones efectuadas siempre por Barberá, quien sostiene que se trata de una entidad privada que por tanto no estaba sujeta a las normas de contratación pública, al igual que determinaba un dictamen jurídico aportado al caso “Nóos” por Urdangarin para intentar acreditar que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el evento deportivo.
